Resulta del todo curioso que quienes abogaban por un acuerdo en lugar de un buen pleito judicial y político en el asunto polémico del agua del Plan Montaña Rojas se les vea realmente molestos y cabreados, cuando por fin se logra un convenio con el Cabildo que a primera vista es altamente positivo para todos. Sobre todo para los ciudadanos y consumidores de agua potable y depurada en la urbanización Montaña Roja en Playa Blanca. Porque con ese convenio entre el Consorcio del Agua de Lanzarote y Club Lanzarote, propietaria del Plan Montaña Roja y de las desaladoras allí instaladas, homologado por los tribunales de justicia, se consigue el objetivo principal que siempre se fijó el Cabildo en este lío.

Es decir, el fin último del Cabildo no sólo era acabar con una actividad (la producción, pero sobre todo venta del agua) irregular o al menos de dudosa legalidad, sino que los habitantes de esa zona de Playa Blanca pagaran el agua al mismo precio y en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Eso era lo que siempre pretendía el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Gines y eso es lo que ahora tras este acuerdo entre Club Lanzarote y el Consorcio del Agua con el visto bueno de la Justicia se ha conseguido. Por lo tanto, es para celebrarlo y no para que la oposición y la llamada "mafia verde" estén subiéndose por las paredes.

Cargarse a Pedro

Ese cabreo demuestra a las claras que la llamada mafia verde y tonto útiles (siempre es un papel teatral necesario para las comedias) no buscaban ni el interés ni la Justicia. Buscaban con el asunto de Montaña Rojas cargarse a Pedro San Gines como fuera. El interés general nunca le ha interesado a la mafia verde sino tener un presidente maleable, sin personalidad y entregado a la causa de llenar los bolsillos de los del despacho y medios de comunicación afines, ademas de la financiación del 3% de los partidos que gobernaban. Y si para ello, para cargarse a Pedro San Gines, por no bailarle el agua y cortarle el grifo, había que ir contra el interés general y presentar lo bueno como malo, malísimo, se hace justificándolo con lo que sea. Porque sin duda Pedro San Gines se pudo equivocar (nosotros así lo creemos) incautando las instalaciones de Club Lanzarote para conseguir que todos los habitantes y negocios ubicados en el Plan Parcial Montaña Roja pagaran el agua a igual tarifa y condiciones que el resto de ciudadanos de la isla.

Lo que es evidente que San Ginés no lo hizo esa incautación contra el interés general, lo hizo para defender a los ciudadanos y lo que él entendía la legalidad vigente. Y creyó (de momento parece que mal y equivocadamente) que la única forma para que todos pagaran en Lanzarote al mismo precio el agua era acudir a una medida extrema como la incautación ante la negativa de Club Lanzarote a negarse a dejar de vender agua de sus desaladoras a privados como le requirió en varias ocasiones sin resultado. ¿Justifica eso una medida tan radical como la incautación? Lo dirán los tribunales:Por esa decisión, el hoy presidente está investigado por una posible prevaricación administrativa y un posible delito de coacciones.

Insistimos, Pedro San Ginés se habrá equivocado procediendo a la incautación sin contar con un juez (hay informes que dice que no es necesario en ciertas circunstancias). En cambio, lo que es evidente y con este acuerdo alcanzado hoy con Club Lanzarote era para conseguir un objetivo en favor de los ciudadanos, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Este convenio ante los tribunales no sabemos si le beneficia o no en la querella de Club Lanzarote contra San Ginés, lo que está claro es que no le perjudica.

Lo curioso es que los que siempre han defendido el agua en manos públicas son los que más han atacado que el Presidente del Cabildo lo haya intentado. Por cargarse a Pedro San Ginés han defendido a Club Lanzarote. Quien por cierto, tiene todo el derecho del mundo, faltaría más, a defender sus intereses. Pero esa postura de los Socialistas, Podemos y Somos Lanzarote defendiendo indirectamente los intereses del privado, de Club Lanzarote, ponen a las claras las verdaderas intenciones.

Las llamadas islas capitalinas o grandullonas se creen que además de lanzaroteños somos bobos. El otro día en Café de Periodistas, el nuevo líder del Psoe, Angel Víctor Torres, anunciaba como un éxito el que la mayoría de los partidos con representación en el Parlamento de Canarias se habían puesto de acuerdo en la propuesta de romper el principio de la triple paridad del sistema electoral canario. Sin mala intención, Ángel Victor Torrres, cree que las islas menos pobladas estamos a favor de romper el equilibrio que el actual sistema electoral proporciona al archipiélago bajo la excusa de la actual desproporción entre territorio y habitantes. Un sistema que prima el territorio sobre la población precisamente para no hacer más pequeño a los pequeños y más grandes a los más grandes.

El problema no es que Angel Victor Torres abogue para que Gran Canaria y Tenerife tengan mayor peso político y económico en Canarias rompiendo las reglas del juego que tanto costó conseguir en su día. El problema es que Dolores Corujo, Astrid Pérez o María del Río, todas ellas parlamentarias apoyan esa tesis de restar poder a Lanzarote para dárselo a Gran Canaria y Tenerife. El problema es que ni Loli Corujo ni Astrid Pérez son capaces de negarse a seguir el juego a sus partidos que son en esas islas donde tiene su gran implantación electoral. Ya saben que pasarán a la historia de Canarias como los traidores quienes voten a favor de romper los equilibrios que esta región, que las islas menos pobladas, hayan disminuido las distancias en el desarrollo económico y cultural en las últimas décadas con respecto a Gran Canaria y Tenerife. Si ya con este sistema de la triple paridad el poder político y económico está en las islas mal llamadas capitalinas, si siguen siendo en estas islas donde se reparte el “bacalao”, nada les decimos si se rompe el sistema electoral de la triple paridad. ¡Ay mi madre!.

Los datos sobre la inversión y gasto realizado por el ejecutivo autonómico en Lanzarote en los 8 primeros meses del año viene a encender las alarmas. Históricamente la Isla de Lanzarote no sólo salía mal retratada en el apartado de inversiones en obras en los presupuestos generales de Canarias sino, sobre todo, en las inversiones realizadas al final del ejercicio. Es decir, que incluso de poco servía que nos dibujaran grandes inversiones y muchos millones porque al final las inversiones ejecutadas al finalizar el año nunca superaban el 50%. Y un año más la tendencia de invertir muy poco de lo presupuestado inicialmente se confirma.

Lanzarote es la isla que a 31 de agosto de 2017 sólo ha logrado certificar que el gobierno de Canarias se ha gastado escasamente unos 23 euros por habitantes, sólo en Tenerife se ha gastado menos en ese periodo. Es cierto, que el eterno retraso del comienzo de las obras del nuevo muelle de Playa Blanca, donde estaba previsto 8 millones de euros de inversión para este año, puede alterar significativamente los porcentajes de ejecución en Lanzarote con respecto otras islas.

Sea no sea así, es motivo de reflexión por parte de autoridades, sobre todo parlamentarios lanzaroteños, de las causas reales de esta baja ejecución del presupuesto que ya parece una enfermedad crónica. A esa baja ejecución de obras programadas del gobierno de Canarias se añade, por desgracia, la baja ejecución de obras directas del Cabildo en lo que llevamos de 2017 cuando tenemos el plan de inversión sobre el papel mayor de la historia con unos 60 millones de euros (sumados los fondos del FDCAN).