El Congreso da luz verde al reparto de menores pese al rechazo del PP y Vox
Clavijo señala que con la convalidación de este decreto ley "se ha hecho justicia con Canarias"
El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley aprobado por el Gobierno para la reubicación de los menores migrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados como Canarias a otras autonomías, con el apoyo de los socios de investidura y el voto en contra de PP y Vox.
Con 179 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención, el Congreso ha refrendado el texto, que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de distribución de los jóvenes, tras el acuerdo alcanzado con Junts el pasado 17 de marzo para que la formación independentista lo apoyara.
Esta convalidación permite al Gobierno seguir adelante con la puesta en marcha este nuevo mecanismo, que en el primer año supondrá el traslado de unos 4.000 jóvenes desde Canarias y 400 desde Ceuta -las cifras aún no están cerradas- y permitirá a las regiones sobrepasadas derivar en 15 días a los nuevos menores que reciban.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba que "se ha hecho justicia con Canarias". Clavijo reconoció que "hoy hemos dado un gran paso, ya que, España se dota de un sistema nacional de acogida de menores no acompañados". Asimismo, manifestó que "es una batalla que Canarias con unidad ha ganado" e incidió que llega para "hacer justicia con esos niños y niñas y para hacer justicia con Canarias".
En este sentido, el presidente Clavijo se mostró convencido en que "la ley se cumpla". Sobre los anuncios de inconstitucionalidad el jefe del Ejecutivo aseguró que "defenderemos este decreto ley en los tribunales y no permitiremos que se utilicen tácticas dilatorias para garantizar los derechos y el bien superior de los menores".
El jefe del Ejecutivo canario señaló que "hoy Canarias ha hecho posible por primera vez en 30 años -desde la llegada de la primera patera a Fuerteventura- lo que otros insistían en afirmar que sería imposible, dar una respuesta de Estado a un fenómeno estructural que va a seguir en el tiempo y que no podíamos seguir gestionando en solitario".
No obstante, el presidente Clavijo subrayó que la respuesta al drama migratorio de la Frontera Sur es resultado del "diálogo, la unidad y el consenso con el que Canarias lleva gestionando una situación de emergencia en los últimos 18 meses".
Precisamente, en este contexto tuvo palabras de agradecimiento para "el tercer sector, a los medios de comunicación y a todos los grupos políticos que a excepción de Vox siempre tendieron la mano y sumaron esfuerzos para exigir al Estado la solución que ha llegado hoy". Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a todas las administraciones canarias, "a los 7 cabildos, a los 88 ayuntamientos, a las entidades sociales, a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, y, en definitiva, al conjunto de la sociedad canarias porque una vez más hemos demostrado que cuando luchamos y defendemos esta tierra juntos, Canarias avanza".
El jefe del Ejecutivo canario hizo especial atención al pueblo herreño que "ha dado todo un ejemplo de solidaridad y convivencia en situaciones límites que han afectado su día a día". También hizo mención especial a Lanzarote, que se vio obligada a declarar la emergencia social.
18 meses de emergencia migratoria
El Decreto Ley 2/2025 por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratorias extraordinaria llega 18 meses después de la declaración del Gobierno canario de la emergencia social por la situación migratoria en las islas.
A lo largo de estos meses el Gobierno de Canarias lideró una ofensiva ante el Estado y ante la Unión Europea con el fin de recabar respuestas a la emergencia migratoria en la Frontera Sur de Europa y lograr una "gestión corresponsable y solidaria" del fenómeno migratorio.
En esa ofensiva, que ha tenido como principal objetivo la reforma legislativa, también se incluye desde la solicitud de un mando único al Gobierno de España que permitiera una gestión más "eficaz y eficiente" del drama humanitario o la ampliación hasta los 100 millones de euros de las partidas destinadas por el Gobierno estatal a la Comunidad Autónoma de Canarias para compensar la gestión de los recursos destinados a los menores no acompañados.
De forma paralela, el Gobierno de Canarias mantenía una línea de trabajo con las entidades sociales con el fin de garantizar la atención de una red de recursos de acogida saturada que ha llegado a albergar a casi 6.000 menores no acompañados en las islas.
Asimismo, el presidente de Canarias lideraba una estrategia con la Unión Europea que tuvo como resultado el anuncio de la Comisión Europea (CE) de un paquete de medidas extraordinarias para hacer frente a la emergencia migratoria en las islas y que fue anunciado por el propio vicepresidente de la CE, Margaritis Schinas.
De la misma forma, el Gobierno de Canarias pone en marcha proyectos de cooperación con los países del entorno, entre los que destaca, el proyecto 'Tierra Firme' que ya está en marcha en Senegal, Mauritania y que se ampliará a Gambia y anuncia la primera Estrategia Canarias-África que tiene como objetivo situar al archipiélago como "plataforma de desarrollo, paz y prosperidad" entre Europa y el continente africano.
Al mismo tiempo, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo impulsaba el Pacto Canario por la Migración, formado por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias y mantenía una línea de trabajo abierta para lograr la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que garantizara la derivación de los menores no acompañados que llegaran a Canarias y Ceuta al resto de territorios que, finalmente, ha sido aprobada hoy con la convalidación por mayoría en el Congreso de los Diputados.
