El fiscal pide 17 años de cárcel para Dimas Martín y Ubaldo Becerra
Solicita prisión para 14 imputados en una de las piezas principales del caso 'Unión', la referida al presunto cobro de comisiones ilegales por parte de miembros del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife
Lancelot Digital
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas ya ha presentado escrito de acusación en una de las piezas principales del caso 'Unión', la número 12, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de miembros del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife. En concreto, se acusa a la formación insularista de malversar 130.000 euros en dos años, según informa Canarias 7.
"El PIL saqueó el Ayuntamiento de Arrecife entre abril de 2007 y mayo de 2009 por orden de Dimas Martín y lo convirtió en un templo consagrado ala financiación ilegal del partido y al lucro de sus líderes, en el que el soborno, el desprecio a la ley y a las comisiones ilegales eran la moneda del curso legal", sostiene el fiscal en su escrito, según este diario.
Para Dimas Martín, precisamente, se solicita la pena más dura, de 17 años de cárcel, por asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude,información provilegiada y malversación, según publica Canarias 7, que recuerda que el fundador del PIL ya acumula un historial de seis condenas de prisión desde sus inicios en la política en los años ochenta. El ex concejal de Urbanismo, Ubaldo Becerra, también se enfrenta a 17 años de prisión por los mismos delitos, según publica Canarias 7.
La lista no acaba aquí, sino que el fiscal pide penas de cárcel para otras 12 personas. En el caso del ex concejal de Parques y Jardines, Antonio Machín, se solicitan 14 años de prisión, por cochecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude. Los mismos delitos de los que se acusa al ex edil de HAcienda, José Miguel Rodríguez, para quien sin embargo sólo se solicitan cuatro años y seis meses de cárcel, ya que confesó y devolvió parte del dinero. Quien también confesó fue Matías Curbelo, el administrador de la campaña del PIL y, por ello, el fiscal sólo pide un año y cuatro de meses de cárcel para él por los delitos de asociación ilícita, cooperación en cohecho y financiación irregular.
El interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, se enfrenta a siete años y medio de prisión, mientras que para la hija de Dimas Martín, Elena Martín, ex jefa de contratación del Ayuntamiento, se piden cuatro años por prevaricación, relevación de información y fraude. Los mismos años se piden para Juan Rafael Arrocha, ingeniero municipal, mientras que Antonio Cárdenas, ingeniero de caminos se efrenta a una pena de dos años y cuatros meses.
Por último, entre los imputados se encuentran varios empresarios de la isla a los que también se les pide años de cárcel.
