El estrepitoso fracaso de una Ley polémica
La Ley de Vivienda española cumple un año, pero no parece que haya mucho que celebrar en este primer año de vida en que, lejos de cumplir las promesas con las que llegaba, a contribuido a agravar los problemas inmobiliarios del país. Esta norma, la primera en la Democracia española que se atrevía a tratar de regular la vivienda, llegaba de la mano del Gobierno de Sánchez anunciando el abaratamiento de los precios de venta, el aumento de la oferta y alquileres más asequibles. Parte de la campaña socialista hizo de esta Ley su piedra angular. La sociedad la acogía, en parte esperanzada, en parte escéptica. Los españoles ya no se fían de las promesas electorales de sus políticos desde hace tiempo. Había motivos.
Un año después, los precios no sólo no se han abaratado, sino que se han incrementado en al menos un diez por ciento, tanto en la venta de inmuebles, con en el caso de los alquileres. La oferta de estos, además, se ha reducido, ya que muchos propietarios se sienten desprotegidos y prefieren no poner sus casas en el mercado del alquiler por miedo a la ocupación. Otros las mantienen, pero a precios desorbitados. Una casa que hace un año costaba 400 o 500 euros al mes en Canarias, ha duplicado su precio. También hay quien se pasa del alquiler de larga temporada al vacacional, para evitar las temidas ocupaciones.
Los inquilinos protestan por la situación en la que se encuentran, y los propietarios por la indefensión a las que les somete la Ley. Se han multiplicado las imágenes de personas viviendo en caravanas o en casetas. También el alquiler de habitaciones muy por encima de un precio lógico. La sociedad, una vez más, se ha dividido bajo el mandato de Sánchez, ahora no es entre izquierdas y derechas, sino entre inquilinos y propietarios.
Tampoco ha funcionado lo de poner topes al precio. En Cataluña se ha intentado, y numerosos propietarios han sacado sus casas del mercado. Los precios se han disparado igualmente como en todo el país.
En definitiva, un año más tarde, lo que era un problema gestionable se ha convertido en un auténtico alud difícil de detener, que el Gobierno contempla como esperando un milagro… que no llega.
Mientras, nuestra Constitución nos sigue prometiendo el derecho a una vivienda digna, pero parece que Sánchez, que ya consiguió los votos que necesitaba, ya no considera el tema prioritario. Siempre le queda la opción de ‘retocar’ la Constitución, como ya hizo con la peculiar lectura de la Ley de Amnistía. No sería la primera vez.
