El CGPJ expedienta al juez Alba
El órgano cree que el magistrado pudo cometer faltas muy graves en sus actuaciones contra la juez y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell
Lancelot Digital
El promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado este martes la incoación de un expediente disciplinario al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba, al considerar que su actuación frente al Juzgado de Instrucción numero 8 de Las Palmas de Gran Canaria podría constituir dos faltas muy graves y otra grave según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las faltas muy graves serían las de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmentes previstas y la de revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona. El expediente también contempla la posible comisión de una falta grave referida al exceso o abuso de autoridad.
Fonseca-Herrero abrió el pasado mes de mayo diligencias informativas contra Alba a raíz de la denuncia formulada contra él por la magistrada Victoria Rosell, a quien el primero sustituía en el Juzgado tras la decisión de la juez de concurrir como candidata a las elecciones generales y su posterior elección como diputada de Podemos en el Congreso. A esas diligencias se incorporaron después las grabaciones difundidas por varios medios de comunicación de una conversación entre Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en un procedimiento que se tramita en el citado Juzgado.
La falta grave de abuso de autoridad se habría cometido al utilizar Alba su condición de instructor de las diligencias previas para llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo, y que ninguna relación guardarían con el objeto de las actuaciones: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que era administrador Miguel Ángel Ramírez, “De este modo, el magistrado habría desarrollado una investigación indebida contra la denunciante y su entorno”, señala el promotor en el acuerdo de incoación del expediente.
Fonseca-Herrero añade que la posible comisión de una falta muy grave de revelación de secretos se deriva de la publicación en diversos medios de comunicación de un informe redactado por Alba y remitido al Tribunal Supremo en el marco de la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria interpuso el el alto tribunal contra la juez Rosell.
Por último, la posible falta muy grave de incumplimiento del deber de abstención se basa en la afirmación de la existencia por parte de la magistrada Rosell de una relación de enemistad del juez Alba con ella, compañera sentimental del denunciando en el proceso penal, “y por ello, en la existencia de un interés directo o indirecto del señor Alba Mesa en el proceso, revelado posteriormente con el contenido de la grabación previa a la declaración de Miguel Ángel Ramírez en esa causa”. La resolución ha sido ya notificada al magistrado expedientado, a la denunciante, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado.
Jueces para la Democracia pide su suspensión por las grabaciones a otros letrados
Por otro lado, Jueces para la Democracia ha solicitado la apertura de expediente disciplinario y la suspensión de funciones a Salvador Alba por haber grabado sin consentimiento "a letrados y compañeros con los que comparte Sala el normal funcionamiento de la administración de Justicia". Un hecho que consideran que constituye "faltas disciplinarias graves y muy graves". En esas grabaciones del juez Alba a sus compañeros de la Audiencia sale a relucir incluso una de las piezas del caso 'Unión' de Lanzarote, en el que están implicados políticos, funcionarios y empresarios. Las grabaciones conocidas y realizadas por el juez Alba a otros magistrados de la Audiencia Provincial han sido la gota que ha colmado el vaso del escándalo que sacude la judicatura canaria.
