La Justicia canaria, envuelta en un escándalo
Las últimas grabaciones conocidas y realizadas por el juez Alba a otros magistrados de la Audiencia Provincial, la gota que ha colmado el vaso
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Al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, no le ha quedado más remedio que comunicar al Consejo General del Poder Judicial el escándalo que sacude a la judicatura canaria y que afecta a empresarios y políticas. Las últimas grabaciones conocidas y realizadas por el juez Alba a otros magistrados de la Audiencia Provincial han sido la gota que ha derramado el agua del escándalo judicial y han llevado a que la Justicia, en Canarias, pierda credibilidad ante los ciudadanos.
El propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mostró su preocupación por todo lo que está ocurriendo en la judicatura canaria y ha solicitado que el Poder Judicial intervenga lo antes posible para evitar que la imagen de la Justicia empeore. En esas grabaciones del juez Alba a sus compañeros de la Audiencia sale a relucir una de las piezas del caso 'Unión' de Lanzarote, en el que están implicados políticos, funcionarios y empresarios.
"Creo que todo esto es un mal espectáculo para la ciudadanía. Creo que además genera desconfianza en algo tan importante como es aquellos que pueden decidir sobre privar o no a una persona de su libertad y, en ese sentido, espero que se resuelva lo antes posible y que se tomen las medidas desde el Consejo General del Poder Judicial para zanjar esta situación", señaló Clavijo.
Recordar que el juez Alba está siendo investigado a su vez por el caso del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por el presunto fraude a la Hacienda pública de una de sus empresas de seguridad, donde el magistrado fue grabado a escondidas por el empresario. En esa grabación se puede interpretar que el juez y el empresario trataban de perjudicar a la jueza Victoria Rosell, ex diputada de Podemos y pareja sentimental de un conocido periodista de Gran Canaria, quien había cerrado un negocio de alquiler de una licencia de radio con la UD Las Palmas. Rosell estaba siendo investigada también por una denuncia de José Manuel Soria y estuvo en el objetivo político al ser la juez instructora del caso de Ramírez. Se trató de vincular el negocio del alquiler de la radio de su pareja a la tardanza en la instrucción de la causa contra el presidente de la UD Las Palmas.
Muchos analistas coinciden en calificar de sainete lo que está ocurriendo en el Palacio de Justicia de Canarias y que está perjudicando gravemente a la imagen de los jueces en general. Grabaciones de unos magistrados a otros, relaciones sentimentales y negocios se entremezclan en este sainete en el que se ha convertido el caso del juez Alba y de la jueza que fuera diputada de Podemos, Victorial Rosell.
