Residencia y derechos: los límites del experimento
Francisco Pomares
Una cosa es regular el mercado y otra –muy distinta–, pretender regular la ciudadanía. Poner en marcha una ley de residencia que limite la compra de vivienda a los no residentes es una iniciativa que, más allá de su potencial efecto simbólico o político, entra en una zona jurídica pantanosa. La idea forma parte del ADN de Coalición Canaria desde los tiempos en los que Paulino Rivero decidió usarla como banderín de enganche del nacionalismo. No prosperó nunca, probablemente por su dudosa constitucionalidad, pero también porque nadie en Coalición –y menos que nadie el propio Rivero- tenían intención de meterse jurídicamente en ese fregado, más allá de utilizar el asunto para alentar un discurso nacionalista al que siempre le costó brillar como tal. El asunto se traía a colación antes de cada cita electoral, y tras votar se olvidaba hasta la siguiente convocatoria…
La aprobación en el último Congreso de Coalición Canaria de una propuesta que reinventa el debate sobre la residencia, parece demostrar que la prudencia ya no forma parte del guion. Lo que plantean los nacionalistas es cobrar más impuestos a los que quieran residir a partir de ahora en Canarias, sean españoles o comunitarios.
La idea de fondo es problemática: proteger por vía legal el acceso a la vivienda de la población canaria ante un mercado saturado, encarecido, y en parte prisionero de intereses externos. Nadie cuestiona que el derecho a una vivienda digna esté por encima del apetito especulador, pero lo primero debería ser definir qué es y a quienes incluye “la población canaria”. ¿No pueden optar a ser “población canaria” los que viven fuera? ¿Tampoco el hijo nacido fuera de un canario residente en Albacete? Cuando la protección a lo local restringe derechos constitucionales como la libre circulación o residencia dentro del propio territorio nacional, el remedio corre el riesgo de ser peor que la enfermedad.Porque lo que plantea la propuesta ya oficial de Coalición no es sólo limitar la compra de viviendas a extranjeros, sino establecer un sistema fiscal disuasorio que afecte también a cualquier ciudadano español que desee vivir en las islas. Se abre así la puerta a una doble categoría de residentes: los que ya están, y los que tienen que pagar por estar. Es difícil imaginar cómo esa discriminación podría sobrevivir a un recurso de inconstitucionalidad. Más aún, es complicado pensar que pueda sostenerse desde el principio mismo de igualdad ante la ley, o desde la lógica de una ciudadanía común en todo el Estado.
Ni el entusiasmo político ni la sensibilidad institucional convierten automáticamente lo deseado en viable: el artículo 139 de la Constitución es claro.Todos los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Eso incluye, por supuesto, el derecho a residir en Canarias sin penalización fiscal alguna. Y aunque el debate europeo sobre la excepcionalidad de las RUP pueda abrir algunos márgenes –como ha ocurrido en casos muy concretos de limitaciones a la propiedad en territorios de alto valor ecológico o militar– no existe precedente alguno que avale una fiscalidad diferenciada por origen geográfico dentro de un mismo país.
La emergencia habitacional requiere respuestas, y algunas pueden implicar regulación del mercado, intervención pública, o incluso medidas extraordinarias. Pero deben ser soluciones compatibles con el marco legal, deben poder sostenerse en el largo plazo, y sobre todo, deben ser equitativas y comprensibles. Si la residencia se convierte en un privilegio que se compra, el sistema deja de proteger a los más vulnerables y empieza a blindar a quienes pueden pagar su entrada.
En un momento en que una región especializada desde hace años en reclamar solidaridad de España y Europa, y empeñada ahora en pedir una especial atención del continente en materia migratoria, mayor apoyo a nuestras particularidades geográficas y sociales, y más recursos para afrontar retos estructurales, no parece buena idea erosionar desde dentro el principio de ciudadanía compartida. Convertir el derecho a residir en un asunto tributario no sólo desafía las leyes: también socava ese emotivo relato sobre lacohesión que tanto se invoca cuando se exige mayor compromiso al resto de España o Europa.
Fernando Clavijo ha demostrado tener olfato para captar el malestar social y convertirlo en parte de su agenda. Pero la política que se hace desde el malestar debe aspirar a sanar, no a fragmentar. Canarias necesita soluciones urgentes y valientes para frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda. Lo que no necesita es cruzar líneas que comprometan derechos fundamentales, ni embarcarse en aventuras normativas, ocurrencias y experimentos con mucha más carga simbólica que eficacia real. A no ser que de lo que se trate esta vez sea solo de hacer ruido.
