¿Por fin?

Después de casi un año de encuentros inútiles, reuniones maratonianas y conspiraciones varias a cuenta de cómo resolver el traslado de los menores amontonados en Canarias a otras regiones, los gobiernos de Canarias y de España se han dado apenas diez días de plazo para redactar por fin un texto legal que permita el reparto puntual de hasta 4.000 de los casi 6.000 menores no acompañados que hay en las islas. Dicen que la cosa no pinta esta vez demasiado fea, aunque nada es seguro: el PP ya ha dicho de nuevo que no apoyará la propuesta, que esto se resuelve cumpliendo con las condiciones establecidas por el PP y Coalición, durante la última visita de Feijoó a las islas.

 

 

En cuanto a Junts, cuyo apoyo al reparto negoció Clavijo hace unas semanas, no parece estar ahora muy dispuesta a votar con el PSOE ninguna propuesta, por lo menos hasta que Sanchez rinda pública pleitesía a Puigdemont con alguna nueva adaptación del relato de hacer de la necesidad virtud, probablemente durante el transcurso de una visita legitimadora a Bruselas.

 

 

Adivinar las intenciones de Puchi es, en cualquier caso, algo más propio de pitonisas que de periodistas.

 

 

Asumamos entonces que quizá la cosa podría salir esta vez: de momento se ha encargado a los servicios jurídicos de ambos gobiernos avanzar en el acuerdo, y eso parece haber dejado la política fuera.

 

 

Los jurídicos del Ministerio de Ángel Víctor Torres y de la Presidencia del Gobierno regional, han trabajado bastante coordinados estos días, pendientes solamente de concertar una inminente reunión -sería muy probablemente la próxima semana- para liquidar un texto consensuado que aprobaría el Consejo de Ministros y etcétera, y sería después presentado a la consideración de las Cortes.

 

 

Queda por adoptar la decisión de qué sistema se utilizará para convertir la propuesta de reparto en ley, si será el real decreto o será la proposición de ley. Canarias prefiere desde siempre el decreto, porque su tramitación urgente concluye con una convalidación parlamentaria que se celebra en el plazo de un mes, y el proceso es mucho más rápido. Por desgracia, el Gobierno de Sánchez -tan aficionado a tirar de decretos- prefiere optar en este caso por la seguridad jurídica de la ley, antes que por su rápida aprobación: en un debate parlamentario tradicional, podría retrasarse la entrada en vigor entre tres y seis meses.

 

 

Es de esperar que esta diferencia sobre la elección del procedimiento para el trámite no vuelva a atascar sine die la solución al problema, aunque después de casi un año de artes de torear es difícil no tener abierta la puerta a la sospecha.

 

 

De momento, Clavijo parece haber aumentado el listón de sus críticas a la pasividad del PP: cada semana sube algo más el tono de sus reproches, sin desatarse del todo. La última intervención del presidente ha sido para censurar la falta de coraje de Freijoó al afrontar el problema, su incapacidad para distanciarse de sus potenciales socios de Vox, completamente opuestos a cualquier arreglo que pase por sacar a los pibes de Canarias.

 

 

Yo intuyo que hay algo de filfa, sobreactuación y paripé en la representación del enfado, que probablemente se trate de una suerte de concesión teatral al PSOE, ahora que las cosas parecen caminar más rápidas por la banda de babor.

 

 

Y es que -con arreglo o sin él- la opción de romper con el PP parece completamente descartada.

Fue un borbón hugonote, Enrique IV, rey protestante de Navarra, quien inventó (o no) aquella frase de que ‘Paris bien vale una misa’…

 

Yo no creo que Clavijo piense que el arreglo temporal del problema de la emigración valga romper su actual y pacificado gobierno. Y si lo cree alguien debería recordar que aunque Enrique acabó escuchando cánticos de misa en la capital de la muy católica Francia, al final terminó sus días asesinado por un fanático papista. O sea.