El ‘caso Ortiz’
Francisco Pomares
De todas las causas abiertas al entorno de Sánchez –las que afectan a su mujer o a su hermano, o las que señalan al núcleo básico de su poder en el PSOE, aquella todopoderosa secretaría de organización y el coleguilla ejemplo de la militancia- resulta que la más peligrosa para el inquilino de Moncloa es el procedimiento contra ‘su’ fiscal general, García Ortiz. Ya saben, el que: “¿de quién depende? ¡¡del Gobierno!! pues ya está”.
Sánchez sabe perfectamente que se la juega, y por eso ha ligado a su Gobierno y a su partido a una de las más estrafalarias justificaciones de un hecho presuntamente delictivo, que se recuerden en la historia de la democracia española. Su artero intento de tergiversar las conclusiones de la Guardia Civil sobre el borrado del teléfono del fiscal, y de exigir después a los medios –a los que no le han bailado el agua a la torpe operación contra el noviete de Ayuso-, que se disculpen por haber señalado al fiscal, traerán cola. De hecho, ya la ha traído: la decisión del juez de pedir a las compañías telefónicas información sobre las comunicaciones de la terminal borrada y cambiada (no sabemos en qué orden) por García Ortiz, demuestra que al instructor no le ha impresionado demasiado la reprimenda presidencial.
Toda la operación de filtración de los papeles de Alberto González Amador es una gigantesca chapuza. Demuestra la percepción de impunidad de los implicados, que actúan sin protegerse mínimamente: de ahí el trasiego inicial del expediente, el envío de los correos (entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso) al Fiscal General y a Moncloa, y de Moncloa a los medios, más la nota de prensa autoinculpatoria de la Fiscalía, y el borrado del móvil.
Lo cierto es que prácticamente se sabe todo lo que ocurrió, aunque el Supremo tendrá que para que lo que hoy resulta obvio se vea reflejado en sentencia. De momento, el Supremo investiga quién filtró el expediente y el correo en el que el abogado de González Amador reconoce que su cliente cometió dos delitos contra la Hacienda Pública. Ese mail en concreto se envió al fiscal general desde el correo oficial de la jefatura provincial de Madrid, y fue Pilar Rodríguez -la fiscal jefa madrileña-, la que poco antes pidió a uno de sus subordinados -el fiscal Salto-, que le reenviara los correos cruzados con la defensa del novio de Ayuso. Poco antes de las diez de la noche, la fiscal envió un guasap a su jefe preguntándole a qué correo tenía que mandarle esos correos, y García Ortiz le pidió recibirlos en su cuenta personal. Ozú.
La Fiscalía no es el único sitio donde se recibieron esos mails antes de que la prensa los publicara. La directora de Gabinete de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, le mandó al secretario del PSOE madrileño, Juan Lobato, el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconoce haber defraudado a Hacienda y solicita un acuerdo con la Fiscalía. Después vino la dimisión ‘cantada’ de Lobato, que pasó de ser el hombre necesario en Madrid a ser el hombre superfluo, sólo por contar la verdad, o la salida por piernas de los dos secretarios de Estado de Comunicación de Sánchez, Francesc Vallès y su sucesor Ion Antolín, ambos comparsas monclovita de esta torpísima aventura. Las únicas dudas son quien envió los documentos a Moncloa, quien los recibió, quien dio la orden de enviarlos a los medios afines para que se publicaran durante la comparecencia de Ayuso en el Parlamento de Madrid. Y es en ese preciso contexto en el que el borrado de las llamadas, mensajes y guasaps del teléfono de García Ortiz, y su sustitución después por otra terminal, hacen pensar que el Fiscal General está dispuesto a arriesgar el pellejo por proteger a quien ideó la operación y recibió los correos en Moncloa. Por eso es tan importante que se sepa con quien habló, a quien llamó en esas horas García Ortiz, con quien se guasapeó, y que correos envió desde su cuenta personal, para luego borrarlos también.
Hay que ser muy ingenuo para creer que el fiscal general incurrió en dos delitos, uno de revelación de secretos y otro de destrucción de pruebas, para proteger a una jefa de Gabinete o a un secretario de Estado. Conociendo el entorno palaciego y la particular personalidad de Sánchez, será estúpido creer que alguien que no fuera el propio presidente podría haber puesto en marcha en Moncloa una operativo que implica al PSOE, al Gobierno y a la fiscalía, dirigido a desviar la atención fijada sobre Begoña Gómez, o sobre el hermanísimo director de Orquesta.
Probar quien movió todo corresponde a la Justicia, y es una decisión complicada, porque puede comportar penas de cárcel. La revelación de secretos de un particular, por parte de un funcionario público, supone penas de prisión de dos a cuatro años, multa de hasta 18 meses, y suspensión de empleo o cargo público de hasta tres años. Es obvio que el delito se ha cometido, porque los correos se han publicado. La cuestión es quien se comerá finalmente el marrón.
