El sector turístico, preocupado por la nueva regulación de la Red Natura 2000 en Canarias
Se solicita la reconsideración de la necesidad de obtener autorización para muchas actividades, ya que esto incurriría en una duplicidad de trámites burocráticos innecesarios
Los representantes de la Federación de Ocio y Turismo Marino de Canarias (Turmar Canarias) y la Federación Turística de Lanzarote (FTL) se reunían recientemente con Yaiza Castilla Herrera, consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para trasladarle las dudas y preocupaciones del sector empresarial de turismo náutico de las islas sobre las nuevas medidas propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España para la gestión de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) marinas de la Red Natura 2000 en Canarias.
En la reunión se presentaron una serie de documentos elaborados por Turmar Canarias, en los que se detallan todas aquellas medidas que resultan conflictivas para la continuidad de las actividades de turismo marino en las islas. Alegan los empresarios que la gestión de las áreas marinas protegidas de la Red Natura 2000, dependiente de la administración central, lleva décadas siendo deficiente, y que se ha obviado sistemáticamente el control de las actividades que en ellas se llevan a cabo. Sin embargo, recalcan, los nuevos planes de gestión, basados en un prohibicionismo exacerbado, prácticamente imposibilitan el desarrollo de las actividades náuticas, tan necesarias para la diversificación y diferenciación de las Islas Canarias como destino turístico frente a otros destinos competidores.
Las asociaciones empresariales presentaron a la consejera un compendio de alternativas a la gestión propuesta por el ministerio, que emergen de su conocimiento del territorio y tratan de compatibilizar el uso turístico de la ribera marina y su protección y conservación. Algunas de las demandas más importantes de estos grupos consisten en la necesidad de aportar un mayor número de evidencias científicas que justifiquen muchas de las medidas que formula el Ministerio, y que afectan de forma muy negativa a las actividades de turismo marino en estas zonas. Asimismo, se solicita una reconsideración de la necesidad de obtener autorización para la realización de muchas actividades, ya que esto incurriría en una duplicidad de trámites burocráticos innecesarios, que ralentizaría aún más si cabe un sistema ya de por sí ineficiente, colapsado y con pocos recursos.
La respuesta de la consejera fue favorable a las demandas de los empresarios, expresando su comprensión y solidaridad con sus preocupaciones por el impacto negativo en la supervivencia de centenares de empresas de actividades náuticas, así como en
