Un parche que no soluciona el problema
La instalación del campamento para inmigrantes justo frente a la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife ha generado desde un primer momento un cierto malestar, no exento de lógica, en gran parte de la ciudadanía de la capital de la isla y en su propio Ayuntamiento. Los motivos son diversos. En primer lugar, porque se considera que esta medida ha sido improvisada, pero, además, y lo más relevante, tanto unos como otros, creen que no se está atacando el problema de fondo: la necesaria reducción de la llegada de inmigrantes a la isla. A todo esto, se suma el hecho de que se están consumiendo los ya de por si debilitados recursos propios de la población arrecifeña: económicos, sanitarios y policiales, entre otros. Esto deteriora el servicio que recibe el resto de la ciudadanía. No lo decimos por decir: cuando coinciden varias pateras, se necesitan muchísimos recursos: varias ambulancias, policías locales y nacionales, guardias civiles, personal de Emerlan y de Cruz Roja… Todo esto está generando un caldo de cultivo muy preocupante, especialmente para los colectivos de inmigrantes que llevan años viviendo en la isla, perfectamente integrados.
Un limbo muy peligroso
Precisamente, sucesos aislados, pero ya demasiado repetidos en los últimos tiempos, protagonizados por jóvenes extranjeros, están contribuyendo a crear esa imagen negativa sobre el pueblo marroquí, y, además, un notable aumento de la xenofobia en la isla. No hay nada más que mirar las páginas de los periódicos de las últimas semanas, se pueden ver numerosas detenciones de jóvenes marroquíes por pequeños hurtos, peleas o, incluso, agresiones de tintes sexuales. Lo cierto es que estos jóvenes, hasta ahora, se convertían en carne de cañón porque nada más cumplir 18 años se quedaban desamparados, sin trabajo, sin formación, sin arraigo familiar y acaban optando por delinquir como la salida más sencilla. A finales de octubre el Consejo de Ministros aprobaba una modificación en la Ley de Extranjería para que todos los jóvenes que han estado tutelados por las comunidades autónomas cuenten con un plazo de tiempo, hasta que cumplan los 23 años, para su identificación legal incluya algún permiso de trabajo o una formación que permita que no queden en el limbo.
