Revés para Montaña Roja y sus amigos
La resolución del Gobierno de Canarias de ordenar la clausura de la desaladora de Montaña Roja por potabilizar agua y vender a terceros, sin permisos y sin tarifas aprobadas, viene a dar la razón al Cabildo de Lanzarote de manera clara y contundente cuando decía eso mismo hace ahora dos años. Y, sobre todo, se la quita a todos aquellos que, curiosamente, en este envite, se posicionaron claramente en favor de los intereses de la empresa privada en el pleito entre Club Lanzarote, propietaria del Plan Parcial Montaña Roja, y el Cabildo de Lanzarote. Porque más allá de la acción radical del Cabildo de incautar las instalaciones de manera cautelar, lo cierto es que esa desaladora incumplía una serie de requisitos como el de carecer de título habilitante para vender agua a terceros sin tener las tarifas de agua aprobadas por el Gobierno de Canarias, como era preceptivo. Y no es que aquí cuestionemos, ni mucho menos, que cualquier ciudadano (en este caso una empresa privada) no tenga derecho a defenderse con uñas y dientes contra lo que ellos consideraron injusto como lo fue para ellos la incautación de las instalaciones de Montaña Roja, sino el empeño de demostrar que esas instalaciones de Club Lanzarote cumplían a rajatabla con la legislación vigente y que no había motivos algunos para determinar la clausura de la actividad como hizo en su día el Consejo Insular de Agua de Lanzarote por carecer de título habilitante y carecer de tarifas oficiales aprobadas por el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, motivos para el cierre de la actividad parece, visto lo visto, que los hay y los había. Tanto es así que los nueves técnicos de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias así lo avalaron. El decreto del gobierno de Canarias impone multa en 300.000 a Cñub Lanzarote y además señala que deberá devolver el dinero “ilícitamente” cobrado de mas.
Cadáver con mucha salud
Más allá del lío judicial de Montaña Roja, lo que llama altamente la atención son algunos aspectos de la polémica. El primero, ver a aquellos partidos políticos, sobre todo. Podemos, defendiendo a Montaña Roja, aunque sea a costa de poner en duda que en Lanzarote, el agua a terceros, sólo puede ser producida por organismos públicos, como defiende el Cabildo y Pedro San Gines. O a ciertos medios de comunicación que se matan la garganta voceando a los cuatros vientos la defensa de lo público y, en este caso, parecían los abogados defensores de los intereses privados de Montaña Roja. Los pájaros contra las escopetas. Estos mismos pedían y alababan la clausura de una bodega lanzaroteña por intereses espurios. Desconocemos lo que dirán ahora, pero nos da que como ellos no buscan justicia, sino culpables, tratarán de desvirtuar la decisión del Gobierno de Canarias de clausurar inmediatamente las instalaciones de Montaña Roja. Y, por último, habrá que ver ahora como el Consejo Insular de Aguas puede hacer cumplir que esa desaladora pueda seguir con su actividad de producción y venta de agua. Se da la parajadoja que por la fuerza no podrá clausurarse, por lo que tendrá que ir a los tribunales para que le digan cuál es la fórmula de cumplir con ese decreto del Gobierno de Canarias que insta a Montaña Roja a clausurar su actividad en las instalaciones de su industria desaladora. Por otro lado, los “amigos de Pedro” muy cercanos a Podemos, al medio del Reducto y al despacho tendrán que seguir esperando el fallecimiento político del presidente del Cabildo que ya creían cadáver. Y si es un cadáver, parece que tiene mucha salud.
