Gladis, ¿dimisión precipitada?
La presión política y mediática ha podido con la voluntad de Gladis Acuña, quien el lunes 29 de enero, a primera hora de la mañana, decidía presentar la dimisión como alcaldesa de Yaiza, no así como parlamentaria. Sin duda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenando a la edil sureña a, nada más y nada menos que, 14 años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del Territorio y otro de prevaricación por facilitar la licencia de actividad de la Bodega Stratvs es dura (posiblemente también injusta). Por lo tanto, era lógico que la ya ex-alcaldesa sureña pudiera plantearse su futuro político si tenemos en cuenta como se han puesto las cosas en la política. En este país, se ha pasado de la falta de moral de políticos claramente corruptos que se aferraban al sillón, a condenar (previo juicio mediático) a cualquiera por nimia que sea la acusación. Sobre todo, se está utilizando en muchos casos la justicia (o mejor dicho los tribunales) en la política para cargarse a los enemigos políticos a los que no se les puede vencer en las urnas. Ya poco importa el sentido común, y la presunción de inocencia, o el tipo de delito del que se te pueda acusar. En el caso de marras, todo menos corrupción se observa en la actitud de Gladis Acuña cuando en una famosa junta de gobierno de Yaiza dio el visto bueno a la licencia de una bodega ejemplar. Es verdad que algunos juristas señalan que a Gladis no le ha quedado más remedio que dimitir por la última reforma de la llamada Ley Electoral que afirma que ciertos delitos contra la administración obligan a dejar el cargo al político. Otros juristas en cambio piensan lo contrario, que sería inconstitucional obligar a abandonar un cargo público cuando puede ser revocada la sentencia del TSJC por el Supremo. ¿Qué pasaría entonces si dentro de dos años el Supremo absuelve a Gladis Acuña?
El voto crítico del presidente de la Sala
Pero más allá de interpretaciones de juristas sobre si Gladis Acuña está o no obligada a dimitir como alcaldesa de Yaiza (hay discrepancias y diversas interpretaciones al respecto), lo que hay que destacar es como el propio presidente de la Sala, un hombre con experiencia y con fama de justo, absuelve en su voto particular a los 8 condenados por sus compañeras de Sala. Pero no sólo los absuelve a todos sino que en el caso concreto de la alcaldesa de Yaiza es contundente en su defensa. En su escrito, Antonio Doreste señala que lo prevaricador hubiera sido lo contrario: no otorgar la licencia de actividades de la bodega cuando contaba con los informes técnicos y jurídicos favorables. Pocas veces se había visto un voto discrepante tan crítico de uno de los tres miembros de un tribunal de Justicia, lo que habla, al menos, de las debilidades de una sentencia que muchos juristas entienden que puede ser revocada en el Tribunal Supremo. Si algo ha quedado demostrado en esta sentencia es que la legalidad de la concesión de la licencia de Stratvs era conforme a derecho, al menos para el presidente de la Sala. Y también que los “guardianes del territorio” han salido trasquilados con esta sentencia al salir absuelto el promotor de la bodega. Todo este espectáculo jurídico-mediático se montó para “cargarse” al empresario que construyó una bodega modélica con el medio ambiente y, al final, se ha demostrado que no hubo tráfico de influencias como le acusaba el fiscal.
