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En busca de inversores

 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha iniciado una ronda de contactos a nivel internacional para vender las bondades de invertir en Canarias aprovechando las ventajas económicas y fiscales que se recogen el REF. La idea es exponer de manera directa a los inversores las potenciales oportunidades de negocio que ofrece el Archipiélago, aprovechando nuestro sistema especial fiscal. Clavijo quiere hacerlo a través de la red de embajadas españolas en el extranjero. La idea es buena, la intención mejor. Y, sin duda, la necesidad de que empresas extranjeras se instalen en Canarias y aporten economía y empleo es real. Sobre todo para utilizar Canarias como puerto-base para negocios relacionados con el continente africano, uno de los continentes con mayores expectativas de crecimiento en el futuro próximo, dado que está todo por hacer. Insistimos que la idea del presidente de vender nuestras ventajas está bien. Mejor estaría que Fernando Clavijo cumpliera lo antes posible su promesa electoral de simplificar la burocracia administrativa y cambiar la mentalidad de las oficinas técnicas municipales, que se han convertido en auténticas máquinas de paralización de cualquier proyecto o inversión en Canarias y en concreto en Lanzarote. Es muy necesaria e interesante la idea de atraer capital extranjero al archipiélago pero antes, o en paralelo, también lo es que se adopten medidas eficaces y reales para que la maraña de leyes relacionadas con el territorio y el urbanismo no conviertan en una carrera de obstáculos -insalvables en muchas ocasiones para el promotor- el desarrollar cualquier iniciativa de negocio en el Archipìélago. Y si no hay negocio no hay empleo, que es el principal problema de Canarias.

 

Burocracia paralizante

 

Por eso, es lógico que cuando leen esas noticias los sectores empresariales canarios, de que el presidente busca inversores extranjeros para el archipiélago, tengan que esbozar una sonrisa cínica o den un puñetazo en la mesa del cabreo que les entra aún a sabiendas de la necesidad de atraer inversores y negocios relacionados con los puertos y aeropuertos de Canarias. Y aún a sabiendas de que no tienen mucho que ver con los problemas que están teniendo los empresarios canarios (y no canarios) para desarrollar en las islas por la burocracia y unas oficinas técnicas municipales o una Cotmac ineficientes. Si a esa ineficiencia se le añade la complicada maraña de leyes (a veces contradictorias), el resutlado es que muchos proyectos mueren en el intento de convertirse en realidad. Los políticos y los alcaldes son conscientes de ello, pero por desgracia no hacen mucho para cambiar la situación a veces por miedo y otras por pura ignorancia. Lo que no puede ser es que hoy Canarias esté en manos de funcionarios que no funcionan, que no hacen ágiles los trámites administrativos. Una calificación territorial para hacer un aljibe en suelo rústico sigue tardando más de un año en otorgarse, un simple cambio de uso de un plan general pueden estancarse hasta dos años, una licencia de renovación turística hasta un año, y nada digamos del tiempo para aprobar un plan general municipal, hasta 8 y 10 años en muchos casos, o un plan insular, más de 10. Ese, don Fernando, es el principal problema de Canarias. Si las islas contaran con sus planeamientos municipales e insulares aprobados y adaptados a las leyes que van surgiendo un año sí y otro también, si se desarrollaran los proyectos urbanísticos de modernización turística en tiempo y forma, hoy el panorama económico y laboral en Canarias hubiera sido más halagüeño. Por eso, insistimos en que trabajar para que vengan inversores internacionales está muy bien, pero mejor estaría si hoy Canarias tuviera una legislación eficaz y unos funcionarios con voluntad de sacar adelante el trabajo o unas oficinas técnicas mejor dotadas de medios y de personal. Sabemos que el presidente de Canarias es consciente del “gran problema”. Ahora veremos si es capaz de desenredar lo que tanto han enredado una excesiva legislación y una mentalidad bastante funcionarial del crecimiento económico.

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