El abogado Acosta
El conocido abogado Agustín Domingo Acosta, especialista en derecho administrativo, ha sido sin duda uno de los abogados más beneficiados económicamente por las contrataciones de sus servicios por parte de las administraciones públicas en los últimos años en la isla de Lanzarote. Ya fue polémica la cifra del un millón de euros que facturó por los famosos pleitos del Cabildo contra las licencias otorgadas en su día por el Ayuntamiento de Yáiza en Playa Blanca. El hecho ademas de que fuera uno de los abogados más destacados del despacho del en aquel entonces vicepresidente del Cabildo (hoy viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias) cuando llevaba esos pleitos de los hoteles, ya fue motivo de crítica. Por si fuera poco, semanas atrás el Cabildo de Lanzarote aprobaba en pleno investigar los pormenores del no menos polémico convenio de Yudaya que firmó el Cabildo en la época de Carlos Espino como consejero de Política Territorial, donde se descubría que el abogado Agustín Domíngo Acosta facturó nada más y nada menos que 84.000 euros a los hermanos Domínguez, propietarios de la licencia. Los cobró en concepto del trabajo previo que había realizado en ese pleito del Cabildo contra esa licencia de construcción, que posteriormente Espino, promotor del convenio, “arregló” a cambio de fabricar unas 90 habitaciones menos, entre otros acuerdos. En ese mismo convenio se incluía una cláusula (la famosa cláusula séptima) donde se decía que la minuta del abogado del Cabildo (Agustín Domingo) en ese pleito ya iniciado se lo abonaba Yudaya, lo que liberó al Cabildo de los 16.000 euros que había abonado como provisión de fondos, pero que permitió al abogado cobrar unas cinco veces más que si lo hubiese cargado a la primera institución insular. Como mínimo un buen negocio, cuestión que también se está analizando por el Cabildo actual por si existe alguna irregularidad. Hay que recordar que ese convenio finalmente fue declarado nulo por cuestiones formales (ni siquiera se llevó a pleno como era preceptivo ) y fue recientemente cuando se regularizó su situación por la corporación que preside Pedro San Gines. Según fuentes del Cabildo se da la curiosidad de que el abogado facturó esos 84.000 euros antes incluso de que el convenio se validara por el juez que llevaba esos pleitos. ¿Qué hubiera pasado si el juez no lo hubiera validado? La pregunta del millón de euros que nadie responde.
Investiga que algo queda
Ahora este abogado se ve envuelto en otro asunto cuando menos controvertido. Nos referimos a la denuncia que presentó en Fiscalía el exconcejal de Arrecife de Alternativa Ciudadana, Domingo García, por presuntas contrataciones irregulares de servicios jurídicos en el Ayuntamiento. La Fiscalía ha solicitado al juez que se investigue si la contratación digital (a dedo), sin concurso público, de Agustín Domíngo Acosta como abogado de Arrecife para llevar varios pleitos puede ser ilegal o no. De momento, el fiscal ve indicios de que se pudo cometer prevaricación y mal uso del dinero público. El juez instructor, una vez haga las averiguaciones oportunas y tome declaraciones pertinentes a los afectados, dirá si realmente hay materia delictiva o no para que este caso llegue a juicio. Según datos del Ayuntamiento de Arrecife, ese abogado ya ha facturado unos 400.000 euros por los pleitos que ha llevado sobre todo relacionados con demandas presentadas por particulares que pretendía cobrar disparatadas cifras indemnizatorias por sentirse perjudicados en asuntos de descalificación y presunta ocupación de terrenos. Tan disparatadas cifras que prácticamente los tribunales de Justicia no sólo han fallado a favor del Ayuntamiento de Arrecife, sino que algunas demandas las hubiera ganado hasta el peor abogado de Lanzarote (que no es el caso) por la falta de fundamentos jurídicos por parte de los presuntos propietarios de terrenos. En cualquier caso, lo único evidente, sena o no legales las contrataciones a dedo (ya lo dirá la Justicia), es si resulta razonable y transparente que sea el despacho de Agustín Domingo Acosta, con vinculaciones políticas , al que más le toque la “lotería” en los últimos años a la hora de beneficiarse de los contratos con las administraciones públicas en asuntos relacionados con el derecho administrativo. No sabemos si tiene un pase moralmente hablando, pero seguro que para los que se han rasgado las vestiduras en esta isla por cualquier actuación política menos sospechosa que ésta, hubieran llevado a la hoguera al abogado Acosta, justa o injustamente. Y en eso nos diferenciamos. De momento Agustín Acosta sólo es un abogado investigado (antes imputado) por unos indicios que la Justicia deberá de dilucidar y demostrar su presunta culpabilidad. No al contrario. Incluso para nosotros es más importante el aspecto político del asunto (si se debe contratar a un despacho con claras vinculaciones políticas) que si realmente se puede considerar un delito contratar una administración sin concurso público los servicios externos de un abogado. Le iremos informando.
