Una vía agotada
Por Francisco Pomares
El Gobierno de Canarias va a seguir adelante con la vía contenciosa contra las prospecciones, a pesar de la contundencia del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazando las medidas cautelares. Rivero cree que el voto particular del magistrado Moya Mayer le deja abierta la puerta a una reposición ante el propio tribunal, y un recurso posterior ante el Supremo. Son ganas de mantener el baile aunque se haya acabado hace rato la música. Alguien tenía que haberle dicho a Rivero que la vía judicial está ya básicamente agotada. Las dos últimas iniciativas judiciales del Gobierno en la pelea de las prospecciones son carne de fracaso: lo es pedir responsabilidad penal para los autores del informe de Impacto Ambiental, y lo ha sido –ha quedado demostrado- esperar de los magistrados del TSJC que establecieran medidas cautelares en un asunto ya dirimido por el Supremo.
En ese particular sentido, el voto particular de Moya Mayer, más allá de su valor testimonial, es un acto de martirologio jurídico-político. El número dos de Industria, ese joven ecologista tan simpático y dicharachero que tiene el mismo apellido que la delegada del Gobierno, se ha referido con cierta sorna a las capacidades del magistrado para la política. No ha sido muy elegante, porque el voto particular de Moya Mayer es tan respetable y legítimo como respetable y legítima es la posición de los otros cinco magistrados. De ellos, alguien con tan poca elegancia como el segundo de Soria ha dicho que “perdieron la oportunidad de pasar a la Historia”. ¿Pasar a la Historia? Este país no necesita jueces que pasen a la Historia. Precisa de jueces que hagan su trabajo bien, rápido y en base a fundamentos jurídicos.
En este asunto del petróleo, el Gobierno ha conseguido cierta legitimidad: ha logrado que el PP pierda la pelea de la opinión pública, aunque no estoy yo muy seguro de que esa pelea la hayan ganado Rivero y los suyos. Además, legitimidad y legalidad no siempre van por el mismo camino. Cuando se producen conflictos de interpretación, la legalidad de las decisiones la establecen los jueces, y para mí que los jueces ya han dicho todo lo que tenían que decir. Insistir en esa vía es perder el tiempo y malgastar dinero público en abogados. Si se encuentra crudo o gas en cantidades suficientes y es extraíble, se va a extraer. Quizá sea ya hora de dejar de acumular causas perdidas y empezar a pelear cuanto de eso le toca a esta región. Sería razonable esperar de este Gobierno –ya en fase de “apaga y vámonos”- que no ponga las cosas más complicadas aún al que venga luego. Porque el viernes se aprobará en Consejo de Ministros una modificación de la Ley de Hidrocarburos para que una parte de los beneficios que reporten las extracciones futuras se quede en Canarias. El 60 por ciento del ocho por ciento es la propuesta que va al Consejo. Y en Canarias aún nadie ha dicho si es mucho, si es poco, o porque el Gobierno Rajoy ha elegido meter el impuesto en la Ley de Hidrocarburos a encajarlo en el REF, como había dicho que haría.
