Sánchez lleva al Congreso un plan de regeneración abierto para negociarlo con los grupos
El presidente pretende que la hoja de ruta incluya cambios legales sobre libertad de expresión y medios de comunicación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles en el Congreso las líneas generales de su plan de regeneración democrática, y aunque desea que incluya cambios legales sobre libertad de expresión y medios de comunicación, no propondrá nada cerrado a la espera de negociar con los grupos parlamentarios.
Sánchez prometió presentar este plan tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante la campaña de acoso que considera que existía contra él y su familia. Su conclusión es que iba a continuar "con más fuerza si cabe" y se propuso impulsar una serie de medidas para mejorar la calidad democrática del país cuya presentación pospuso a las elecciones europeas de junio.
Una vez celebradas, fijó la fecha del 17 de julio para comparecer ante el pleno del Congreso y dar cuenta de ese plan, que tiene como uno de sus principales puntos de referencia la ley sobre la independencia de los medios de comunicación aprobada la pasada primavera por el Parlamento Europeo. El jefe del Ejecutivo ya ha avanzado que entre las medidas estará la limitación de la financiación pública de los medios de comunicación, que conllevará una reforma de la ley de publicidad institucional.
Sánchez ha defendido un máximo de financiación pública y facilitar así la transparencia y evidenciar que hay lo que denomina "pseudomedios digitales" que alientan la desinformacIón y los bulos y que en ocasiones llegan a tener recursos públicos pero no tienen lectores. Tal y como ha avanzado, el plan reformará también las leyes orgánicas de Derecho al Honor y Derecho de Rectificación.
Polémica por la ley mordaza
A ello se añadirá otra medida que ha provocado confusión después de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciase este martes que los socios del Gobierno habían pactado la derogación de la ley de mordaza. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la portavoz del Gobierno, Piar Alegría, han precisado que solo se ha pactado una modificación en lo relativo a los delitos de injurias y calumnias.
Fuentes del Ejecutivo han subrayado que no puede hablarse por tanto de derogación de la ley mordaza, ya que eso se trata de una negociación aparte con los grupos, sino de una reforma del Código Penal que sí afecta a un aspecto muy concreto de la ley mordaza como es el de las infracciones recogidas en el artículo 36 de esta norma. El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, también ha matizado el anuncio de Díaz y ha dicho que el acuerdo solo afecta a ese artículo de la ley mordaza y que considerará que solo sea infracción grave difundir imágenes de agentes cuando esta conducta sea "constatable".
También ha apuntado a una regulación moderna de la ley sobre el secreto profesional de los informadores y una reforma de la ley de secretos oficiales, aunque Sumar considera que todo ello es un paso insuficiente e intentarán que más adelante se hable también de reformas profundas en las instituciones del Estado y, entre ellas, en la justicia. Respecto a la modificación de los delitos de injurias y calumnias pactada por PSOE y Sumar, desde 2018 se debaten en el Congreso iniciativas para proteger la libertad de expresión y despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona, las ofensas a los símbolos de la nación -como la bandera y el himno- y los delitos contra los sentimientos religiosos.
El "esqueleto" del plan
El Gobierno subraya que está abierto a debatir con los grupos parlamentarios las medidas del plan que presente Sánchez y, por ello, no habrá propuestas cerradas este miércoles, sino que expondrá lo que denominan "el esqueleto" de las mismas para concretarlas después del verano. En ese contexto de futura negociación de iniciativas pueden enmarcarse las dos proposiciones no de ley que ha presentado este martes Sumar en el Congreso sobre luchar contra la desinformación y financiación de la publicidad institucional.
Una de las medidas que propone Sumar es crear una autoridad independiente que vele por los medios de comunicación a través de un Consejo Estatal de Medios que asuma de forma imparcial las funciones regulatorias en materia audiovisual y de la prensa escrita. El Gobierno también prevé reunirse con representantes de los informadores y este martes la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) ha entregado al Ejecutivo un informe en el que apoya las propuestas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación aprobado por la Eurocámara el pasado 13 de mayo.
