Sánchez, ante el "fracaso de su Ley de Vivienda", busca soluciones con los promotores
El objetivo del gobierno es lograr que la iniciativa privada acelere la construcción de inmuebles
Al gobierno de Pedro Sánchez no le ha quedado más remedio que aceptar de facto que las buenas intenciones de la Ley de Vivienda aprobada en el pasado mandato por el ejecutivo PSOE-Podemos no ha dado los resultados esperados. No se construyen suficientes viviendas asequibles al español medio y los precios del alquiler, lejos de bajar, han sufrido un crecimiento al alza. De hecho, la falta de viviendas, el encarecimiento de la construcción de pisos y la subida de los alquileres experimentada en los últimos años en España ha ocasionado una crisis habitacional como nunca antes la habíamos sufrido.
De ahí que ahora el Gobierno quiera que constructores y promotores privados aceleren la construcción de vivienda. El Ejecutivo considera que es imprescindible ampliar la oferta, no sin descuidar algunas medidas de choque en determinadas zonas tensionadas.
Pedro Sánchez, concretó este jueves al sector inmobiliario un paquete de medidas como las de modificar la normativa para agilizar la concesión de licencias urbanísticas y, a su vez, facilitar una mayor financiación al sector. Los empresarios señalan que están dispuestos a ayudar para acelerar proyectos.
Los expertos consideran que esa es la principal conclusión de la reunión celebrada este jueves en la Moncloa con el único punto: avanzar en una "alianza de país por la vivienda" a través de la "colaboración público-privada", señaló la ministra de Viviendas Isabel Rodríguez.
Según publica La Vanguardia, Sánchez recibió a un nutrido grupo de representantes del sector inmobiliario, la banca y los sindicatos para transmitirles que el Gobierno pondrá en marcha iniciativas urgentes para intentar solucionar los cuellos de botella a los que se enfrentan promotores y constructores en su día a día. En concreto, el Ejecutivo anunció la modificación inmediata de la orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Este mismo jueves el Ministerio de Economía inició la consulta pública. Estos cambios puntuales de la citada orden ECO permitirán "aclarar" la situación y despejar las cuestiones que ralentizan la agilidad administrativa de la gestión urbanística, explicó Rodríguez.
Y a estas iniciativas hay que sumar la modificación de la ley de Suelo, proyecto que se encuentra en tramitación parlamentaria también exprés (este mes está previsto que se cierre el trámite de enmiendas en el Congreso) que busca evitar que un proyecto urbanístico quede paralizado por un error considerado menor.
