¿Qué propone la 'ley Celaá'?
Religión voluntaria, límites a la concertada y rebaja los requisitos para pasar de curso en la ESO y bachillerato
La ley Celaá es la nueva reforma de la ley educativa que propone el actual Gobierno. Una ley con la que se deroga la LOMCE o Ley Wert. Se trataría de la séptima ley educativa en los últimos 40 años y en la que se incluyen una serie de reformas con las que se pretende luchar contra el fracaso escolar. Sin ir más lejos, España es el país de la Unión Europea con un mayor índice de alumnos repetidores.
Esta reforma ya fue aprobada hace algo más de un año, el 15 de febrero del 2019, el mismo día que se produjo el adelanto electoral, lo que truncó su tramitación parlamentaria. No obstante, el texto es idéntico al que precisamente ya se planteó el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Una vez que el texto de la ley entre en el Congreso, tendrá que pasar por la Comisión de Educación para la presentación de enmiendas. La aprobación a partir de aquí puede demorarse semanas e incluso meses a la vista de las polémicas suscitadas por sus claves.
Las claves de la Ley Celaá
Una de las principales claves que promueve la Ley Celaá es evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza. Pero, a su vez, hay otros puntos que quiere dejar muy claro, muchos de los cuales son los que están causando fricción con algunos partidos políticos.
Colegios concertados, Infantil, Primaria y Bachillerato
Uno de los principales puntos críticos, precisamente, es el de los colegios concertados. La ley Celaá eliminará la demanda social para su oferta. Esto quiere decir que será la administración la que regule la admisión de los alumnos en los centros públicos y privados concertados. De esta manera, se garantiza el derecho a la educación y el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres y/o madres.
El primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) tendrá una serie de requisitos mínimos y una propuesta pedagógica en pro del refuerzo del carácter educativo. Al mismo tiempo, la Educación Primaria volverá a ser de tres ciclos de dos cursos cada uno.
El Bachillerato, por su parte, se regulará para convertirse en progresivo de tres cursos. De forma excepcional se puede obtener el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una. A su vez, se facilitará el acceso a Bachillerato de todos aquellos alumnos que provengan de las enseñanzas de régimen especial.
Las asignaturas de Religión, Educación en Valores y los contenidos básicos del currículo
En cuanto a las asignaturas, desaparece la división en troncales, específicas y de libre configuración en Primaria y Secundaria (una medida impuesta por la Lomce). La ley Celaá propone que las materias se dividan solo en obligatorias y optativas.
Hablando de asignaturas, la nueva ley elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión. Además, su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media a la hora de obtener una beca o en los procesos para acceder a la universidad. Por otro lado, la Educación en Valores Cívicos y Éticos se estudiará en Primaria y Secundaria, profundizando en el conocimiento y el respeto por los derechos humanos y la infancia y la igualdad entre hombres y mujeres.
Los contenidos básicos del currículo académico serán diseñados por el Gobierno, Estos contenidos se deberán cumplir en un 55% de los horarios escolares en las comunidades que tengan lengua cooficial y en un 65% en aquellas que no la tengan.
Repetición, Selectividad y reválidas
La repetición de curso pasa a ser un recurso excepcional. Bachillerato, por ejemplo, se podrá superar y obtener el título incluso con una asignatura suspensa. En Secundaria, los alumnos que suspendan más de dos asignaturas podrán pasar de curso si así lo consideran los profesores. En Primaria solo se podrá repetir en segundo, cuarto y sexto cursos.
Por otra parte, los alumnos deberán superar la prueba de Selectividad que, junto con las calificaciones de Bachillerato, servirán para valorar la madurez académica, los conocimientos adquiridos y la capacidad del alumno para iniciar sus estudios universitarios.
En cambio, se eliminan las reválidas y se sustituyen por evaluaciones de diagnóstico a final de cada etapa de las competencias básicas. Estas evaluaciones tendrán carácter informativo, formativo y orientador y serán muestrales y plurianuales.
Por último, se eliminan los requisitos de edad para la Formación Profesional, permitiéndose el acceso desde enseñanza de régimen especial, y se suprimen también los itinerarios de la ESO. En este último caso, se establecen los Programas de Mejora de las Oportunidades a partir del tercer curso de Secundaria. Con ellos se podrá obtener el título único de la ESO para acceder tanto al Bachillerato como a la FP.
