Los Okupas más fuertes que nunca
El Gobierno señala que se pretende “corregir” situaciones de “indefensión” a las que se enfrentan consumidores en situación de vulnerabilidad
El Congreso de los Diputados convalidaba este jueves por 188 votos a favor, 154 en contra y ocho abstenciones el Real Decreto-Ley 1/2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que fue aprobado el pasado 19 de enero por el Consejo de Ministros a instancias del Ministerio de Consumo para “.
La norma se tramitará como proyecto de ley siguiendo el procedimiento de urgencia, lo cual fue respaldado por 341 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones y con el fin de que su contenido pueda ser “mejorado” por el resto de grupos parlamentarios para “proteger a nuestros vecinos, amigos y a nosotros mismos”, según defendió el titular de Consumo, Alberto Garzón, en el transcurso de su intervención en el debate para la defensa del real decreto.
Garzón aseguró que la nueva normativa está relacionada con la nueva agenda del consumidor aprobada por la Comisión Europea para el periodo 2020-2025, e insistió en que las relaciones de consumo no son “neutrales”, porque las decisiones de consumo afectan a la economía, pero también al medio ambiente y tienen un “fuerte impacto social”, y tampoco son “simétricas”, porque la capacidad de consumo “difiere claramente según estratos sociales y de renta” y las relaciones de consumo son “desiguales”.
“Mucha gente queda al margen de las decisiones de consumo y de la capacidad de adquirir bienes y servicios”, denunció, convencido de que “no hay libertad cuando mucha gente no tiene capacidad de acceder a bienes y servicios básicos y esenciales para vivir dignamente”, situación que, advirtió, “no podemos permitir en una sociedad democrática desarrollada como la española”.
Esta problemática de vulnerabilidad “transversal” se ha visto acusada, a su juicio, durante la actual crisis, que, espetó, “con mucha probabilidad” derivará en un crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la situación de indefensión y vulnerabilidad en sentido amplio de estos colectivos frente a las grandes empresas.
Ante este escenario, el real decreto presenta un concepto “muy desarrollado” de consumidor vulnerable, al tiempo que establece un “paraguas legal” para, en momentos “tan sensibles”, dotar a los poderes públicos de instrumentos “efectivos” para que puedan actuar de una manera “mucho más eficaz y eficiente”, hecho que, a su entender, justifica la urgencia de su tramitación en tanto el Gobierno continúa desarrollando su “escudo social” como “elemento defensivo” contra un “shock exógeno, externo” como la pandemia.
El Grupo Parlamentario Popular usó su turno para posicionarse en contra de la convalidación del decreto y la portavoz, Cuca Gamarra, anunció que interpondrán contra él un recurso de inconstitucionalidad, lamentando que no tenga “efectividad real” y suponga un “ataque directo” a la propiedad privada y la seguridad jurídica para “dar protección a los ocupas” así como “avalar las ocupaciones ilegales” y “dar carta blanca, amparar y promover la ocupación” a través de su disposición final primera.
“Nada hay más vulnerable para un consumidor que estar bajo sus competencias”, dijo, dirigiéndose a Garzón, y convencida de que un consumidor vulnerable “no es un ocupa” y de que los “únicos beneficiarios de normas como ésta serán las mafias y los ocupas, ni más ni menos”. Por ello, urgió al ministro a “hacer sus deberes” e impulsar la construcción de vivienda pública o adquirir inmuebles de titularidad particular para aumentar la vivienda “asequible”.
En la misma línea, y ya en el turno de fijación de posiciones, la diputada de Vox Cristina Esteban advirtió de que su grupo recurrirá también ante el Tribunal Constitucional un decreto que calificó de “anticonstitucional, un dislate y una salvajada legislativa” porque protege a los “malhechores que ocupan hogares” y juzgó “miserable” que el Gobierno “aproveche” la “trágica situación” derivada de su “deleznable gestión” para “imponer su agenda comunista”.
“Los que venían a asaltar los cielos y han acabado asaltando a los españoles”, espetó, para, a continuación, criticar su “escudo social para la única industria que crece, la política, y para los delincuentes”, convencida de que Garzón es un “ministro ocupa” y de que el Ejecutivo “quiere siervos, consumidores que sean eternamente vulnerables”.
Por su parte, Edmundo Bal, desde Ciudadanos, insistió en que el decreto comete la “tropelía de justificar uno de los supuestos de ocupación” y en que, gracias a él, el Estado “protege al delincuente frente al propietario legítimo del bien inmueble”. “En mi vida de jurista he visto semejante disparate”, sentenció, tildando esa postura de “absolutamente inmoral”.
“No nos hagan caer en la falsa disyuntiva de que la única posibilidad de proteger a los colectivos vulnerables es la ocupación de la propiedad que pertenece legítimamente a otra persona, porque entonces convierten en vulnerable al propietario”, abundó.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, Pilar Vallugera advirtió de que se trata de un “decreto ensaladilla, porque tiene un poco de todo” y celebró la definición que establece de consumidor vulnerable, si bien se preguntó “cómo se concretará y qué respeto tiene por las normativas nacionales dentro del Estado”.
Por Unidas Podemos, Laura López se mostró segura de que el real decreto viene a suplir un “vacío legal y no permite ni robar ni ocupar viviendas” y de que sus efectos “son beneficiosos para cada uno de nosotros, también para quienes votarán en contra”. “Votar en contra de este real decreto es ir en contra de los españoles”, resolvió, lamentando que los partidos de derechas identifiquen a los consumidores vulnerables con “vagos y maleantes”.
En el mismo sentido, la socialista Marisol Sánchez manifestó que la nueva norma “no conculca el derecho a la propiedad privada” y que la normativa europea obliga a proteger al consumidor vulnerable, algo que, a su entender, es necesario abordar “de manera urgente, porque el impacto social y económico de la pandemia exige dotar de mayor protección” a este colectivo.
Por el Grupo Parlamentario Plural, Néstor Rego (BNG) valoró como “necesaria” la introducción de la figura de consumidor vulnerable, si bien consideró “más dudoso” que se haga vía decreto ley, al tiempo que recordó que las “situaciones extremas de vulnerabilidad” ya existían ante de la pandemia y “continuarán posteriormente” y Ferran Bel (Junts per Catalunya) se mostró de acuerdo con la necesidad de regular el concepto del consumidor vulnerable e instó al Ejecutivo a ser “valiente y honesto” y a modificar el Código Penal si pretende “normalizar que cometer determinados delitos es aceptable”, en referencia a la ocupación de viviendas.
Por el Grupo Mixto, Sergio Sayas (UPN) lamentó que la norma no pretenda “favorecer” a los consumidores vulnerables, sino “poner un puente de plata a la ocupación ilegal y una alfombra roja a los ocupas” a los que instó a “perseguir con la fuerza de la ley”, mientras que el diputado José María Mazón (PRC) defendió su convalidación al entender que la norma aprobada intenta evitar los desahucios en esta época para los afectados “de una manera especial” por la actual crisis y, “además pasando por un juez”.
El diputado de EAJ PNV Joseba Agirretxea estimó que el texto adolece de “concreción” para que la figura de consumidor vulnerable “goce de plena seguridad jurídica” y aseveró que las medidas que recoge “dejan en un limbo jurídico la seguridad que se quiere dar”, convencido también de que un decreto “no puede ser un cajón de sastre
