La Justicia continuará investigando la "caja B" de Podemos
La Audiencia Provincial considera que los indicios de una presunta administración desleal de los fondos del partido se han visto confirmados con las primeras investigaciones
La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 42 que continúe investigando la utilización del llamado Fondo de Solidaridad de Podemos por si hubiera podido cometerse un delito de administración desleal del dinero del partido.
En una resolución conocida este martes, la Audiencia ha estimado los recursos interpuestos por Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, que ejercen la acusación popular, contra la decisión del juez Escalonilla de archivar esa parte del caso Neurona. Este proceso se refiere a posibles delitos electorales que se habrían cometido al distraer fondos destinados a las campañas y transferirlos a la consultora Neurona sin haberse acreditado la realización de trabajos.
Los recursos fueron impugnados tanto por Podemos como por la Fiscalía. Pero la Audiencia sostiene que el resultado de las primeras investigaciones realizadas "ha venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión del delito" de administración desleal por la transferencia de 30.000 euros del Fondo de Solidaridad a una organización relacionada con Rafael Mayoral, portavoz de Podemos y diputado en el Congreso.
Esta parte de las diligencias se refiere a la denuncia que formuló el exabogado de Podemos José Manuel Calvente en relación a la petición de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad por parte de la entidad #404 Comunicación Popular.
La investigación acreditó que #404 Comunicación Popular recibió tres transferencias ordenadas por Podemos, cada una de 10.000 euros, entre septiembre de 2019 y junio de 2020. Pero el instructor la archivó al considerar que no existían indicios de que esa asociación "no desarrolle la actividad para la que fue constituida" por lo que "no resulta anómalo que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja".
Para la Audiencia, sin embargo, el cierre de la investigación ha sido prematuro. Se ha constatado que #404 Comunicación Popular pidió 50.000 euros y recibió 30.000, y también que de ella forman parte miembros de Podemos, "algunos de ellos con cargos relevantes dentro del partido".
Enfatiza que, pese a ser requerido por el juez, Podemos no ha facilitado información sobre la subvención concedida.
"Es razonable pensar", señala la Audiencia, "que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la Ley de Partidos y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos".
Los magistrados ordenan, por ello, al juez instructor que reabra la investigación. En concreto, indican, falta por conocer el destino de las cantidades entregadas a #404 Comunicación Popular, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, "cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores".
