El fiscal general del Estado "de Pedro Sánchez", imputado
Es la primera vez en la historia de la democracia que esta circunstancia se da
Álvaro García Ortiz es, desde este miércoles, el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España. El Tribunal Supremo ha acordado hoy abrir una causa por un delito de revelación de secretos al máximo responsable del Ministerio Fiscal por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.
El Supremo acuerda abrir el procedimiento penal contra el fiscal general al considerarlo posible autor de la filtración que perjudicó el derecho de defensa y la presunción de inocencia del empresario Alberto González Amador.
La Sala ha estado formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado. La decisión ha sido adoptada por unanimidad, siendo la ponente del auto una juez de marcado perfil progresista.
En el auto, la Sala de Admisión precisa que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida por los querellantes -Fundación Foro Libertad y Alternativa, sindicato Manos Limpias, el Colegio de la Abogacía de Madrid y el propio empresario González Amador- y que se detalla en la exposición razonada enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre García Ortiz puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.
