Siete menores no acompañados llegaron ayer a Lanzarote
El Cabildo solicita al Estado que avance cuanto antes en la distribución de los chicos entre las distintas comunidades
De las 188 personas que arribaron en embarcaciones irregulares durante la jornada de ayer en Lanzarote, siete son menores no acompañados.
Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, señalaba al respeto que “seis son varones y una es una chica. Los siete han quedado en los centros que tenemos en Lanzarote, pero el Cabildo y el Gobierno de Canarias manifiestan máxima preocupación por la inacción del Estado”.
Tras la reciente reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, las comunidades autónomas deben acoger a los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas españolas.
En estos momentos Ceuta y Canarias son las regiones que se encuentran desbordadas, por lo que se realizó esta modificación legislativa que permite la distribución de estos menores entre las distintas comunidades con el fin de garantizar un trato humano y digno. “Si esto no cambia, la atención correcta a estos menores, no estamos en situación de garantizarla, ni el Gobierno de Canarias, ni el Cabildo de Lanzarote”.
Debido a que los centros continuarán sobresaturados. “Si la distribución no avanza, seguiríamos poniendo a los menores en los centros que tenemos. Si el centro tiene capacidad para veinte niños, pero llegan otros veinte niños, pues tendrán que estar ahí”, explica. “Los nueve centros que hay en la isla suponen el único recurso del que dispondría Lanzarote, pero son hogares, no macrocentros”.
Y es que parece que la situación a nivel nacional, con el reparto de menores migrantes no acompañados, no avanza ya que tras la reforma del artículo 35 ahora son las comunidades autónomas las que tienen que facilitar la disponibilidad de cada comunidad. Todas, a excepción de Cantabria, dicen estar colapsadas.
Desde el área de Bienestar Social de Lanzarote piden que no se paralice esta distribución. “Muchas comunidades no están colaboradoras, pero es una cuestión en la que el Estado tiene que imponerse. Aquí seguimos con la sensación de que el Estado no está a la altura de lo que necesita Canarias. Y estamos preocupados. Pedimos agilidad y que se avance en la distribución de menores por todo el Estado”.
