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Lanzarote y Fuerteventura se oponen al “decretazo anti-alquiler vacacional”

 

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional considera esta norma “jurídica, turística y moralmente insostenible”

 

  

Texto: Lancelot Digital
Fotos: Jesús Betancort 
Vídeo: Lancelot Televisión

 

El decreto sobre el alquiler vacacional elaborado por el Gobierno de Canarias es “jurídicamente, turísticamente y moralmente insostenible”. Así al menos lo ve la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), que el pasado jueves en Fuerteventura y al día siguiente en Lanzarote celebró sendas reuniones en las que participaron no sólo los socios sino también varias asociaciones empresariales, urbanistas, abogados, políticos e instituciones de cada isla respectivamente para discutir la reciente publicación del decreto de la Vivienda Vacacional. 

 

Para Ascav, se trata de “un rotundo fracaso del Gobierno regional que, lejos de regular el alquiler turístico en la vivienda privada, muy presente en estas islas, lo que ha hecho es todo lo contrario: declarar ilegal nuestras zonas turísticas en un 90% y hasta en un 100% en algunos casos, con lo que esto supone para todos esos negocios del entorno íntimamente ligados al alquiler vacacional durante años”. 

 

“El Decreto 113/2015 se ha convertido por méritos propios en el más restrictivo de toda España y pone en peligro a más de 1.300.000 turistas que ya eligieron esta modalidad en 2014, pero que hoy asisten incrédulos al espectáculo de cómo le damos una ‘patada’ a ese turismo en auge en el mundo entero, cuando aquí existe más de un 30% de paro”, se quejan desde esta asociación.

 

Los miembros de Ascav pusieron en evidencia “las discrepancias de interpretación que existen entre los técnicos de los Cabildos con los de los ayuntamientos a la hora de determinar si una vivienda concreta puede acogerse o no”. Así lo confirmaron al mismo tiempo los testimonios de los propios afectados que al acudir a estas instituciones obtuvieron soluciones e indicaciones absolutamente dispares. “Es una inseguridad administrativa y jurídica absoluta”, se quejan.

  

Ascav está llevando a cabo varias medidas a nivel social, como la recogida de firmas a través de Change.org, pegada de carteles, implicación de las empresas locales, así como la respuesta legal ante los tribunales y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), pasando por el compromiso de los partidos y políticos que tendrán capacidad de gobierno en la próxima legislatura.

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