La Audiencia Provincial admite a trámite la querella presentada por Club Lanzarote contra San Gines y los gerentes del Consejo y el Consorcio del Agua
A juicio de la empresa, tanto esta resolución como la sentencia que anula la incautación de su desaladora "confirman la irregularidad de las actuaciones"
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Club Lanzarote ha emitido un comunicado en el que, además de dar a conocer la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se decreta la suspensión de la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja, anuncia que la Audiendo Provincial ha admitido a trámite la querella criminal que, en su día, la empresa interpuso contra el presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Pedro San Ginés, el gerente del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote, José Juan Hernández Duchemin y el gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Domingo Pérez.
Aunque el hecho de que se haya admitido a trámite la querella no quiere decir nada más que ahora se investigarán los hechos, a juicio de Club Lanzarote "las dos resoluciones judiciales confirman la irregularidad de las actuaciones del Consejo Insular de Aguas" denunciadas por la empresa y "respaldan la legalidad de su actuación en defensa de sus legítimos derechos sobre la planta desaladora"
Club Lanzarote recuerda la sentencia declara que “la medida provisional de incautación no está expresamente prevista en ninguna de las normas anteriormente citadas por la Comunidad Autónoma de Canarias”, por lo que no tiene justificación legal.
Además, añade, "reconoce la vigencia de la concesión de la explotación de la planta desaladora por Club Lanzarote, e indica que la extinción de la concesión deberá ser declarada por el Consejo Insular de forma expresa y en expediente contradictorio con audiencia de los interesados, destacando que en“el supuesto de autos tal expediente contradictorio brilla por su ausencia”.
La sentencia expresa también "que no hubo la procedente autorización judicial previa para la entrada en la planta desaladora" de Club Lanzarote, y concluye que la medida cautelar solicitada en su día puede concederse ya que “no daría lugar a una perturbación grave de los intereses públicos generales, sino por el contrario se subsana una grave actuación administrativa de incautarse una autorización concedida sin que previamente se haya declarado su extinción mediante el oportuno procedimiento contradictorio”.
En un comunicado, Club Lanzarote expresa su agradecimiento "a las organizaciones empresariales y sociales de Lanzarote que han denunciando desde un principio la incautación ilegal de la planta desaladora y han destacado su esfuerzo inversor y su labor empresarial, así como aspectos muy importantes de la Ley de Aguas de Canarias que han permitido el desarrollo económico, social y turístico de la isla de Lanzarote y que se han visto amenazados por la actuación irregular del Consejo Insular de Aguas".
Por último, señala que se reserva, de momento, "todas las acciones legales que pudieran derivarse de las irregularidades cometidas por el Consejo Insular de Aguas".
