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El Gobierno de Canarias inicia la suspensión del Plan Hidrológico de Lanzarote para evitar multas millonarias de la UE

El documento debería haberse adaptado desde hace años a la normativa europea pero, pese a que se puso 2008 como horizonte final, aún no se ha culminado

 


Lancelot Digital

 

El Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento para suspender con carácter de urgencia la vigencia del Plan Hidrológico de Lanzarote para evitar una sanción por no haberse adaptado a la normativa europea. Y es que, la UE ya advirtió de multas millonarias si los planes hidrológicos de las distintas islas no se adaptaban.

 

En concreto, según resolución de la Consejería de Política Territorial publicada en el Boletín Oficial de Canarias este martes, se suspenderá la vigencia del artículo 2 y de las determinaciones del Plan Hidrológico Insular, aprobado en 2001, "que pudieran contravenir" la directiva europea aprobada en el año 2000.


El Plan Hidrológico de Lanzarote se aprobó en 2001 y se puso como horizonte el año 2008 para actualizarse, cosa que evidentemente no ocurrió. De hecho, en la propia resolución publicada en el BOC se recuerda que en abril de 2011 se tomó en consideración el Avance de la Revisión del Referido Plan Hidrológico, así como su informe de sostenibilidad ambiental en la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y que el 11 de marzo de este año se aprobó la Memoria Ambiental en sesión de la Cotmac, habiendo transcurrido "más de 43 meses sin que se haya culminado el proceso, superándose los 18 meses previstos" en la normativa "para su aprobación definitiva".

 

Por tanto, se da "la necesidad imperiosa de evitar la previsible sanción a la que daría lugar el incumplimiento" de la normativa europea, "así como la de establecer una ordenación de los recursos hídricos acorde con la mencionada directiva". Y es que, el Gobierno central ya viene advirtiendo que las sanciones serán inminentes.

 

Tras el anuncio, el expediente se sompeterá ahora al trámite de audiencia previa por plazo de 10 días de los siete ayuntamientos de Lanzarote, el Cabildo, el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, al igual que se somete a exposición pública durante 20 días.

 

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