¿Dolores Corujo ocultó informes y falseó contratos para incriminar a San Ginés?
La presidenta no comunicó a la Asamblea del Consorcio del Agua la existencia de informes jurídicos que concluían que la contratación realizada por INALSA a Calatayud fue correcta
En la documentación obrante en el Caso San Ginés-Calatayud se ha podido comprobar, tras levantarse el secreto de sumario de la causa abierta inicialmente por el Juez Jerónimo Alonso, que el acuerdo de la Junta de Inalsa y de la Asamblea del Consorcio que aprobó ejercitar acciones contra ellos se celebró el 17 de junio de 2021, sin que entre la documentación que se aportó a los miembros del Consorcio y de INALSA se adjuntaran dos informes que determinaban que la contratación era correcta y sometida al Derecho civil.
En concreto, el 27 de mayo de 2021, a solicitud del Área de Presidencia se solicita informe jurídica a Doña Eugenia Torres, Directora adjunta de los servicios jurídicos del Cabildo (jefa de contratación del Cabildo) y Secretaria del Consejo de Administración de INALSA, preguntándole cual era el régimen jurídico de INALSA en el año 2010, fecha en la que INALSA estaba en Concurso de Acreedores, concluyendo dicho informe que la contratación estaba sometida a Derecho civil y al mercantil y no, por el contrario, a procedimientos administrativos.
Dicho informe se ocultó a la Asamblea que debía tomar la decisión de acudir a los Juzgados e, igualmente, al Juzgado. Fuentes cercanas a los acusados insisten en que esta ocultación de pruebas a los miembros de la asamblea podía haber impedido que la socialista Dolores Corujo, finalmente acudiera al Juzgado para denunciar la contratación de Calatayud.
El otro informe “oculto”
Del mismo modo, estas mismas fuentes deducen que dado que dicho informe no se adecuaba a los intereses de Doña Dolores Corujo, que era acusar a Don Pedro San Ginés de prevaricación, con fecha 2 de junio de 2021 se solicita por la gerencia del Consorcio vía mail al profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna José Luis Sánchez Parodi un presupuesto para realizar un informe sobre la normativa aplicable a la contratación de INALSA durante el Concurso de acreedores y, en concreto, sobre la contratación de abogados. El Presupuesto de Sánchez Parodi se realiza el 7 de junio de 2021 y el informe se redacta el 11 de junio de 2021, si bien aparece firmado el 17 de junio de 2021.
En dicho informe, que fue también ocultado a la Junta de INALSA, se señala en su conclusión que si el contrato fue realizado siendo el concurso necesario y estando la Administración concursal, que era el caso de la contratación de Calatayud era válido y había que cumplirlo, aseguran las fuentes consultadas a Lancelot Medios.
Por el contrario, considera nulo el contrato celebrado con el anterior letrado Cobo Plana.
Eliminación de expedientes
Este informe, al igual que el de la directora de los servicios jurídicos de INALSA, se eliminó del expediente administrativo que fue puesto en conocimiento de los alcaldes para denunciar a Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud que se adopta el 17 de junio de 2021. Del mismo modo fue ocultado al Juzgado en la denuncia, tal y como confirman los expedientes a los que ha tenido acceso Lancelot Medios.
Falseamiento contrato
Lo más grave del asunto para estas fuentes cercanas a los acusados “es que con el fin de ocultar el informe y la fecha de entrega y poder pagar sin llevar a cabo un reconocimiento extrajudicial se falsea el expediente de contratación y el contrato”.
Así, a pesar de estar hecho el informe y entregado, se realiza un Informe propuesta contratación del Gerente, Domingo Pérez, de 27 de julio de 2021, solicitando la realización de un informe y su entrega en 7 días.
Finalmente, con fecha 27 de julio de 2021, Doña Mareiva Marrero, del Departamento de Administración del Consorcio, remite a Sánchez Parodi el contrato firmado el 27 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se remite el contrato firmado a Parodi, contrato en el que se solicita un informe que llevaba hecho 1 mes y medio.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que de probarse judicialmente esa posible ocultación de informes y presunta alteración de expedientes, la actuación de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, la del gerente del Consorcio y la técnica del departamento de Administración del Consorcio podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación, falsedad en documento público y denuncia falsa.
Apartar a San Ginés de la política
La denuncia de la socialista Dolores Corujo condujo a una operación judicial y policial hasta el extremo de que la UCO registró minuciosamente (con perro incluido) la casa del expresidente del Cabildo, el nacionalista Pedro San Gines, sin que aparentemente se encontraran documentos comprometidos, ni dinero. La realidad es que este caso, que desde CC se valora como una persecución política, provocó la retirada de San Ginés de la primera línea de la actividad pública, y posiblemente que hoy no estuviera encabezando una lista electoral.
