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ASCAV responde al Gobierno de Canarias

Aseguran que el único objetivo del Ejecutivo regional es acabar con el 90% de las viviendas vacacionales

 

  • Lancelot Digital
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    La ASCAV ha querido salir al paso de las últimas declaraciones del director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, que afirmaba que las viviendas vacacionales que no cumplen la actividad clasificada están ejerciendo ilegalmente desde 2015.

     

    Y lo han hecho, señalando que “es totalmente cierto que el Decreto 113/2015, en su artículo 4, establece que las viviendas vacacionales han de cumplir con la normativa sectorial que les sea de aplicación “y, en general, la de actividades clasificadas”. También es cierto, que las viviendas vacacionales son, en primera instancia y, ante todo, precisamente eso, viviendas”.

     

    Apuntan que la normativa “que regula las actividades clasificadas en Canarias data del año 2011 (anterior al Reglamento de Viviendas Vacacionales del 2015) y cuando dispuso que los alojamientos turísticos debían cumplir con la compleja norma de clasificación de actividad estaba pensando en los hoteles, complejos de apartamentos, etc., que eran las modalidades existentes en el año 2011. Jamás pensaba en viviendas vacacionales, por la simple razón de que ni siquiera existían. Pues bien, ahora el Gobierno de Canarias se agarra como clavo ardiente a esta cuestión (imposición de los requisitos de actividad clasificada a las viviendas vacacionales) conocedores de que con ello eliminarán al 90% de las viviendas vacacionales existentes”.

     

    “Al comienzo de la legislatura de 2019, con el PSOE al frente, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ASCAV, empezó a mantener reuniones transversales con aquel Ejecutivo, preocupada por el imposible cumplimiento de este trámite administrativo municipal por varios motivos:

     

    1.- La normativa de clasificación de actividad es del año 2011 (Ley 7/2011, de 5 de abril) y los Decretos 86/213 y el 156/2013 fueron redactados sin que existiera la VV (recordemos que la normativa de la VV es del año 2015).

     

    2.- Un pequeño propietario de VV tenía que cumplir con una normativa de actividad (pensada para bares, restaurantes, hoteles, complejos de apartamentos etc) cuando para la Agencia Tributaria ni siquiera está realizando una actividad económica sino un rendimiento de capital inmobiliario (un alquiler sin prestación de servicios). Un pequeño propietario no tiene tampoco que formalizar el alta en actividades económicas (036 ó 037), ni alta en el autónomo, porque el mero arrendamiento de su propiedad no lo requiere.

     

    3.- El uso de la vivienda vacacional sigue siendo el residencial y no el turístico, por lo que no impacta negativamente contra los Planes Generales de Ordenación municipales.

     

    Cabe recordar, que era el propio Decreto 113/2015 el que inicialmente prohibía la VV en suelos turísticos para proteger a los hoteles y relegaba la vivienda vacacional a suelos residenciales”.

     

    Y añaden que “esta situación fue puesta en conocimiento a la nueva Consejería de Turismo con el PP al frente (partido que desde el año 2013 siempre arropó y defendió el modelo VV) con la petición expresa de encontrar una solución definitiva a esta problemática. Es más, se nos aseguró en varias reuniones mantenidas que con respecto a la nueva normativa comulgaríamos en un 90%. La sorpresa de ASCAV ha sido mayúscula al ver que finalmente la “piedra angular” de nuestra mayor preocupación ha sido maliciosamente lanzada contra nosotros”.

     

    Por ello, apuntan, “cuando el Gobierno de Canarias en manos de CC y PP afirma de manera demagógica  que “las VV que están legales se van a quedar” y “que van a defender a los pequeños propietarios de VV”, están engañando retorcida y malévolamente a una ciudadanía que  además de no haber leído o entendido el enrevesado Anteproyecto de Ley, confía y cree que por el hecho de haber presentado su declaración responsable en el Cabildo o en el Gobierno de Canarias se encuentra debidamente habilitado y en situación de plena legalidad. De ahí, que, desde el principio y con el simple título del anteproyecto de Ley (Ley de Ordenación sostenible del “uso turístico” de viviendas), ASCAV fuera tan contundente, ya que era conocedor de las nefastas intenciones del nuevo Gobierno que no es otra que la de acabar con la VV:

     

    1. Obliga a la VV a cambiar el uso de residencial a turístico, por lo que, en los edificios colectivos, en ningún caso, van a poder coexistir viviendas de uso residencial con viviendas de uso turístico porque chocarían frontalmente con los Planes General de Ordenación Municipal. Para el resto de construcciones será necesario cambiar previamente cada PGO, lo cual, es un proceso que se alarga durante años.

     

    1. Obliga a las VV a cumplir con una normativa de actividad clasificada no adaptada al sector que es de imposible cumplimiento para un pequeño propietario de VV.

     

    A pesar de todo lo expuesto, ASCAV sigue con la esperanza y mano tendida para encontrar una razonable salida y redacción a esta nueva normativa”, concluyen.

     

     

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