Mejorar el transporte insular a golpe de ocurrencia
Primero fue la ecotasa a sabiendas de que los Cabildos no pueden ponerla con la actual normativa. Ahora, la nueva ocurrencia del PSOE conejero de crear un Consorcio de Transporte entre el Cabildo y los ayuntamientos para que los conductores de guaguas de la isla se conviertan en funcionarios públicos, bajo la premisa de que va a funcionar mejor, demuestra que no ha cambiado la carga ideológica que enarbolan los socialistas para diferenciarse del resto de los partidos. También deja entrever ciertas dosis de populismo y el total convencimiento de que la ciudadanía les va a “comprar” este regalo envenenado. Al menos sus incondicionales votantes, aunque muchas veces tengan que ir con los dedos en la nariz, por lo mal que huelen algunos casos de presunta corrupción, como la compra de 4 millones de euros de mascarillas que investiga la Justicia, adquiridas en la época del actual Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias.
Llama especialmente la atención que esa defensa de lo público la realice el partido que llevó a la ruina a Inalsa, motivo por el que la isla sigue pagando en la actualidad los desmanes que se vivieron en esa empresa pública durante décadas. Ellos, los socialistas, defienden que la empresa funcionó bien. Pero la realidad es que desde que se creó en 1988 hasta que fue preciso que Manuela de Armas la llevara a concurso de acreedores, porque no tenían ni un euro para “tachas”, la empresa jamás, e insistimos en la palabra, jamás, dio beneficios. Y eso con el monopolio del agua.
Es más, no solo dejó tras de sí una deuda de más de cien millones de euros, entre acreedores, Seguridad Social y Hacienda, es que durante todos los años que gobernaron los socialistas con el PIL, desde finales de los ochenta hasta 2008, no invirtieron casi nada para sustituir las tuberías viejas y desconchadas. Precisamente hoy ese es el principal problema del Ciclo Integral del Agua de Lanzarote, con pérdidas de más del 50%. Para que quede claro: de cada mil litros que se producen, 600 se pierden. No parece que ésta sea una demostración empírica que convenza a nadie de las bondades de lo público cuando se gestiona como chiringuitos partidarios para fines oscuros. La experiencia dice lo contrario: la gestión privada normalmente funciona mejor, es más eficaz para el ciudadano y más barata con el tiempo para las arcas públicas.
Lo cierto es que tampoco se les ocurre a los gobiernos municipales del PSOE en Canarias, es que ni se les pasa por la cabeza, la idea de convertir en funcionarios, por poner un ejemplo, a los encargados del servicio de limpieza y recogida de basura en los Ayuntamientos. De hecho, estos servicios eran públicos, pero se externalizaron en la época del propio Felipe González para reducir los enormes gastos que generaban, al margen de las constantes huelgas que se realizaban y chantajes varios. El servicio sigue siendo público, pero la gestión pasa a manos privadas y son ellos, los empresarios los que se encargan de que las cosas funcionen bien. Otra cosa, es que el gestor público vigile y multe los incumplimientos de las empresas privadas cuando cogen un servicio público.
En nuestra opinión hay que empezar por mejorar el servicio público de transportes con un pliego de condiciones ambicioso y adaptada a la actual realidad insular. Hace ahora 16 años, en 2008, bajo la Presidencia de Manuela Armas, se firmó un contrato de “adaptación” de la concesión a Arrecife Bus, que databa de 1951. En él se especificaba que dicha concesión se extendería hasta diciembre de 2022. Volvemos a encontrarnos con los cuatro años de inactividad del gobierno socialista de Corujo, una vez más, y nos encontramos con un apurado Domingo Cejas que señala que para sacar un nuevo pliego hay que actualizar el desfasado plan de movilidad.
Y una vez conseguido todo eso, entonces sí, entonces se mejorará el transporte público de las guaguas, que falta hace. Con trabajo y planificación, no con ocurrencias ideológicas ya superadas en Europa, se mejora los servicios públicos.
