El Obispado y las bodas turísticas
Gran polémica la que se ha desatado tras saberse que el Obispado de Canarias tiene previsto a partir de enero de 2016 prohibir la celebración de bodas turísticas en Lanzarote, o sea, de extranjeros o visitantes que eligen la isla de los Volcanes para casarse por la Iglesia y de paso celebrar aquí los fastos y la luna de miel, con sus invitados. A los empresarios turísticos del sector del wedding planner, les ha sorprendido desagradablemente esta decisión, pues perjudica notablemente a un segmento turístico que especialmente en Lanzarote se ha ido consolidando de forma paulatina en los últimos años y que en estos momentos se encuentra con buenas expectativas de proyección de futuro.
Hay que tener en cuenta que hay operadores turísticos especializados en el turismo nupcial, (no olvidemos, por ejemplo, que Lanzarote es el destino preferido para los turistas procedentes de Irlanda, un país eminentemente católico), un segmento que mueve muchos millones y contribuye a dinamizar la economía insular generando empleo y actividad empresarial en diferentes sectores comerciales y de servicios (peluquerías, restauración, floristerías, negocios textiles y de regalos, transporte, etc.), además de los ingresos directos que supone para el sector hotelero, pues según empresarios cercanos al mismo, hay hoteles que pueden celebrar cuatro bodas a la semana, cada una de las cuales supone una media de medio centenar de clientes alojados.
A las voces de de las patronales lanzaroteñas, encabezadas por Asolan y Aetur que han mostrado su enorme preocupación ante lo que podría suponer millones de euros de pérdidas (y también la pérdida de competitividad con otros destinos en alza del turismo de bodas o wedding destination), se han unido también la de representantes públicos, como los alcaldes de Teguise y Tías, y la del propio presidente del Cabildo de Lanzarote en funciones, Pedro San Ginés, que ya ha anunciado que tratará de convencer al Obispado a fin de que reconsidere su decisión, pues además ha insistido en no hay que olvidar la carga promocional que tienen este tipo de eventos para la isla de Lanzarote.
Sin embargo, hasta el momento, la respuesta del Obispado se ha limitado a contestar que “no tiene nada que negociar” en torno a este asunto. Es comprensible la postura de la Iglesia, en tanto que ha argumentado que efectivamente los párrocos no dan abasto con la celebración de enlaces y están saturados de trabajo. Igualmente es comprensible que desde la Iglesia se pida respeto y no injerencia en sus decisiones, además de que intente que no se banalice un sacramento religioso, y no civil.
Pero no es menos cierto que la rotundidad inicial con que parece haberse expresado el Obispado es, a priori, una postura taxativa y cerrada que imposibilita explorar otras posibilidades y acuerdos de colaboración que, sin menoscabar la autoridad de la Iglesia y respetando sus postulados, puedan asimismo beneficiar a un sector que en estos momentos está contribuyendo notablemente a generar economía y puestos de trabajo. Al fin y al cabo, la Iglesia es consciente de la situación de crisis que atraviesa la sociedad lanzaroteña, y de los cientos de familias que aún siguen en el paro. Cualquier colaboración con la sociedad para ayudar y contribuir a mejorar la situación económica de la isla, contribuirá también a mejorar la situación de los lanzaroteños. En realidad, no se trata de negociar, sino de hablar y ver las posibilidades de colaborar conjuntamente. El Obispado debería, al menos, sentarse con la patronales y representantes públicos a fin de dialogar, poder intercambiar impresiones, y encontrar cauces de colaboración conjuntos, que los hay, a fin de sumar esfuerzos en la búsqueda de soluciones, donde todos podrían salir beneficiados y nadie perjudicado. Recemos.
