Tercera sentencia contra el decreto canario del alquiler vacacional
El tribunal se reafirma en que la prohibición de viviendas vacacionales en zonas turísticas "infringe claramente la libertad de empresa"
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una tercera sentencia contra el decreto que regula el alquiler vacacional en Canarias. En el fallo, el tribunal se reafirma en que la prohibición de viviendas vacacionales en zonas turísticas "infringe claramente la libertad de empresa".
La sentencia, que responde a un recurso presentado por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) también falla a favor de la impugnación del artículop or el que quedaba prohibido a los usuarios destinar la vivienda vacacional a fines que no fueran los propiamente turísticos, ya que limita el ejercicio al derecho de la propiedad privada en el bien inmueble. También anula el resto de apartados del artículo 5.2, ya que el tribunal entiende que el reglamento no tiene potestad para imponer deberes a los turistas en cuanto al uso civilizado de las viviendas.
También se anula el artículo 12.1, que no permitía el alquiler parcial de viviendas, ya que se vulnera, una vez más, la libre oferta de servicios, y el 13.3 en lo referente a la espera de 15 días para el inicio de la actividad. Por su parte, el fallo condena también a costas al Gobierno de Canarias.
Para Ascav, esta sentencia, junto con los datos del informe sobre vivienda vacacional elaborado por el Gobierno de Canarias y presentado hace tan sólo unas semanas, en el que se constata que el sector de mercado que demanda alquiler vacacional en relación a los turistas que nos visitan representaba en el 2010 el 10,32% y en el 2016 el 8,61% de los mismos, demuestra que "no hay una boom turístico de la vivienda vacacional" y "pone en evidencia que todo el desarrollo normativa, sólo ha pretendido atentar contra principios fundamentales de derecho de propietarios e intermediarios turísticos".
"La perversión del modelo de la vivienda por parte de inversores y bancos que compran edificios completos, para convertirlos en 'pseudo' todo incluidos, animados por la RIC para prestar servicios diversos, sólo ha pretendido cerrar la puerta a una demanda internacional de vivienda vacacional como modalidad de alojamiento", añaden desde Ascav. A su juicio "el modelo tradicional al que se aferra Canarias sólo pretende seguir aportando más de lo mismo, lo cual, es altamente peligroso y nada constructivo para el devenir turístico de las islas, ya que una oferta diversa que escuche y se adapte activamente las demandas del visitante y le proporcione seguridad jurídica, resulta vital".
"La vivienda vacacional, como actividad, tiene un impacto económico de 1.500 millones de euros en las islas, según el propio Gobierno de Canarias, por lo que genera empleo y una oportunidad para los canarios de participar de un recurso turístico que es de todos y todas", señalan desde la asociación.
Bloqueo de permisos en suelos rurales de Tenerife y Lanzarote
Por otro lado, denuncian que "además de las restricciones a las viviendas ubicadas en suelos turísticos, hay que sumar toda la problemática de los suelos rurales, que tanto en Tenerife como en Lanzarote, está bloqueando la regulación de viviendas que aún dotadas de cédula de habitabilidad no consiguen reconocimiento por parte de Ayuntamientos y Cabildos, aunque su construcción fuera incluso anterior a cualquier Plan de Ordenamiento y normativa urbanística", denuncia Ascav.
