El primer consejero de Política Territorial, a favor de la Ley del Suelo
"La ley es oportuna porque la ordenación del suelo en las Islas es escalofriante", señala Javier Domínguez Anadón en una entrevista en La Provincia
Lancelot Digital
El arquitecto y primer consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias (1985-1987), Javier Domíngue Anadón, ha mostrado su postura a favor de la nueva Ley del Suelo. En una entrevista publicada por el diario La Provincia, apunta que la "ley es oportuna porque la ordenación del suelo en las Islas es escalofriante".
Anadón formó parte del gobierno de Jerónimo Saavedra y del primer pacto entre fuerzas de izquierda y nacionalistas y fue impulsor, entre otras, de la primera Ley de Espacios Naturales y de la declaración de La Graciosa como Parque Natural. Cuenta con más de 30 años en la ordenación territorial tanto dentro de la administración, donde ha asesorado a varios cabildos y ayuntamientos en sus planes insulares y generales, como fuera y, actualmente, colabora con la Fecam y el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico.
En su entrevista en La Provincia, Javier Domínguez Anadón asegura que "hay un 76% de fracaso territorial" en Canarias puesto que hay "5.271 kilómetros cuadrados del archipiélago que están fuera del sistema". De ellos, afirma que 2.392 corresponden a 26 municipios que llevan más de 16 años intentando aprobar sus planes generales y 3.329 a 35 municipios que ni siquiera han iniciado el proceso de adaptación a la Ley del Territorio del año 200. Por si estos datos "no fueran suficientemente alarmantes", añade que de los 26 planes aprobados siete han sido suspendidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Anadón recuerda asimismo cómo estaba el urbanismo en 1985, cuando llegó al Gobierno y se puso en marcha la Consejería de Política Territorial. "La situación era bastante preocupante. Sólo en Fuerteventura había 800.000 camas clasificadas y en Lanzarote más de 400.000. El planeamiento era casi inexistente y el que había era eminentemente especulativo", apunta, recordando que "se tomaron decisiones difíciles y complejas, entre ellas aprobar la primera Ley de Espacios Naturales, que protegió el 36% del territorio".
Deriva en el planeamiento
El primer consejero de Política Territorial de Canarias considera que fue en 2001 cuando, con la moratoria turística. se inició la deriva en el planeamiento y gestión del territorio a la que ha llegado Canarias. "Yo participé en los prolegómenos en representación de una de las corporaciones insulares, pero a mitad del proceso dimití orque me di cuenta ya en ese momento de que era un fraude, como finalmente se ha demostrado", señala.
El segundo hito, para Anadón, lo constituyó la Ley de Directrices que, en su opinión, "volvió a ser un fraude porque se convirtió en el instrumento de planeamiento del Gobierno". "La ley del territorio del 2000 era un sistema jerárquico y piramidadal, de tal forma que la ley cabecera era única y, de repente, le salieron hermanastros con las directrices. Posteriormente la situación fue a peor con la Ley de Medidas Urgentes y el remate fue con la Ley de Armonización", precisa en la entrevista que le realizó La Provincia.
"Un avance extraodinario"
En opinión del primer consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, la nueva Ley de Suelo "deroga las cuatro leyes y organiza el sistema como una estructura jerárquica con una sola ley de cabecera" lo que, a su juicio, "supone un avance de una dimensión extraordinaria" tanto a nivel técnico como funcional.
En cuanto a las críticas al nuevo texto, que cuestionan que los cambios en la Cotmac y que se cargue todo el peso de la aprobación de los planes en los ayuntamientos, Javier Domínguez Anadón señala que "van armadas de retórica y un alto contenido de tópicos". "No he oído a ninguno de esos críticos ni ahora ni en el pasado analizar de qué situación partimos y hacia donde queremos ir", manifiesta, al tiempo que afirma que lo que hace la nueva ley "es poner en su sitio la competencia de cada institución". "Al hacerlo no pone ningún reparo en reconocerle a los ayuntamientos lo que les es propio por disposición constitucional, que es su competencia para formular el planeamiento general al margen de lo que pueda suceder en otras comunidades autónomas", añade.
Una ley que "reduce los plazos" y que beneficia al sector primario
Anadón recalca, asimismo, que la nueva ley "reduce los plazos", por lo que entiende "que los empresarios estén satisfechos". En este sentido precisa que el tiempo medio de redacción de un plan general en Canarias es de "entre ocho y 10 años". "Por lo que si una ley introduce un cambio de paradigma para mejorar las cosas eso significa que los plazos se reducen y los empresarios se dan cuenta de que si la ley entra en vigor el beneficio es extraordinario", insiste el también arquitecto, que cree que, desde el año 2000, los gobiernos han pecado de que "lo que han reglamentado lo han hecho tarde y mal, mientras que lo esencial no lo han desarrollado".
El que fue el primer consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias también incide en los beneficios para el sector primario, desde el que apunta que lo que ha oído "son loas" hacia la nueva Ley del Suelo, "ya que se van a demoler una serie de prejuicios que nacen en la universidad, en los despachos de Derecho y de determinados organismos oficiales y no en el conocimiento real del campo". Como prueba "irrefutable" de ello, dice que "en la Cotmac nunca se ha sentado un ingeniero agrónomo". "Durante años vino un representante de la Consejería de Agricultura pero fue cesado y nunca supe el motivo", asegura.
Aun así, Javier Domínguez Anadón cree que "falta información" sobre esta ley, además de que considera que la que hay "está adulterada". También cree que se deberá hacer "un esfuerzo importantes", pues apunta que "la administración lleva 15 años vaciando la plantilla de responsables y jefes de servicio de planeamiento y externalizando hacia Gesplan la elaboración de informes técnicos, jurídicos y medioambientales con un ranking académico de profesionales sacados del paso, con poca experiencia y unos suelos bajos".
En este sentido, recuerda que "el planeamiento territorial y urbanístico está sometido a 47 textos legislativos, 27 de ámbito estatal y cuatro comunitarios, lo que supone que las personas que tienen que manejar este mapa tan complejo deben ser profesionales con mucha experiencia". "Con esto quiero decir que el nivel de formación con el que el Gobierno está trabajando este asunto no es el mismo que el de los profesionales que trabajan en la mayoría de ayuntamientos y cabildos", concluye.
