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El CES se pronuncia a favor de impulsar el empleo verde

El órgano consultivo propone dar mayor relevancia al papel clave que desempeñan las empresas y la ciudadanía en la transición hacia una economía circular

 

  • Lancelot Digital
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    El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado por unanimidad su Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Canaria de Economía Circular, un documento en el que apunta algunos aspectos que deben mejorarse y otros que deben incluirse en el articulado de la norma antes de su aprobación definitiva en el Parlamento de Canarias. En este sentido, destaca  la conveniencia de que se añada la obligación de las administraciones de impulsar e identificar empleos relacionados con la Economía Circular e impulsar la formación necesaria para el desempeño que esta actividad genere.

     

    Incentivar la formación con compromiso de empleabilidad para que los trabajadores puedan adaptar sus capacidades y habilidades ante los retos ambientales es otra de las propuestas del CES. El objetivo es garantizar una transición justa hacia la economía verde y la creación de puestos de trabajo de calidad. Para ello será necesaria la revisión de todos los programas de educación y formación, según el CES, que apuesta, además, por la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en ese proceso.

     

    Otras consideraciones

     

    En su conjunto, el CES comparte los objetivos que persigue con esta norma la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo regional, dirigidos hacia la  promoción  activa del reciclado de los residuos generados en Canarias, tanto por los procesos productivos como por la actividad humana.

     

    En este sentido señala que  Canarias genera 578 kilos de residuos de media por persona y año,   según datos de 2019, ocupando el tercer puesto en el ranking de comunidades que mas residuos generan, es decir mas de media tonelada de residuos al año.

     

    De otra parte, el CES recomienda que se revise el anteproyecto de ley para ajustarla, si procediese, a la normativa estatal que se publicó hace poco más de un mes y evitar así posibles desajustes normativos. Se trata de la Ley 7/2022 , de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

     

    El CES propone modificaciones concretas al articulado del anteproyecto de la ley canaria, algunas de carácter jurídico y administrativo y otras hacen referencia a contenidos específicos. En estas últimas, apuesta por dar mayor relevancia al papel clave que desempeñan las empresas y la ciudadanía en esta transición hacia la  economía circular.

     

    En esta misma línea, el Consejo recomienda que se articule un espacio de colaboración público-privada, en el que puedan participar los agentes económicos y sociales más representativos e implicados en el impulso y desarrollo de este enfoque de aprovechamiento  de los recursos. personas expertas del ámbito académico.

     

    Además, el Dictamen sugiere que se incluya un nuevo objetivo: el fortalecimiento del sector agroalimentario y la promoción de la actividad empresarial relacionada con la bioeconomía de alto valor añadido para atraer empresas a Canarias. Se refiere a entidades que conviertan los recursos biológicos renovables y los residuos en bioproductos y bioenergía.

     

    Otro de los objetivos que el CES considera importante es el fomento de las compras verdes, es decir, la adquisición de productos que  ayuden a conservar los recursos naturales, ahorren energía y eviten la generación de residuos.

     

    En relación a la disposición transitoria primera del anteproyecto de ley, el CES considera excesivo el plazo de dos años para que las entidades locales de Canarias adapten sus ordenanzas a lo dispuesto en el anteproyecto de Ley respecto a sus competencias en materia de residuos y propone que este plazo se rebaje a un año desde la entrada en vigor de la norma.

     

    Consejo Económico y Social de Canarias

     

    El Consejo Económico y Social de Canarias  es un órgano colegiado, recogido en el Estatuto de Autonomía, que tiene por finalidad la de hacer efectiva la participación de los agentes sociales en las políticas públicas del Gobierno de Canarias. Está constituido por organizaciones de consumidores, expertos designados por el Gobierno, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio.

     

    Entre las funciones del CES se encuentran las de realizar informes y dictámenes preceptivos en materia económica, social y laboral.

     

    El presente dictamen ha sido emitido por el pleno del CES el paso 12 de mayo, previo a la renovación del Consejo, publicada en el BOC el 19 de mayo. 

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