Canarias contará con 193 millones más para 2016
Firma con el Estado el acuerdo sobre el IGTE, cuyos fondos se destinarán a empleo e inversiones
Lancelot Digital
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció este lunes, al término de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Canarias, que la Comunidad Autónoma contará en su próximo presupuesto con 193.750.000 euros como consecuencia de la suspensión del pago del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE). Además, se acordó también la modificación del calendario de reembolso de la deuda correspondiente a la liquidación definitiva para los ejercicios comprendidos en el periodo 1993-2007 y que este año hubiera supuesto el pago de 33.750.152,50 euros por parte de Canarias.
"En total, algo más de 193 millones de euros que el propio texto del acuerdo señala que son fondos de la Comunidad Autónoma que deben destinarse a un Plan de Desarrollo para Canarias como inversión finalista en proyectos que incidan en el empleo y la formación", aclaró Clavijo.
El acuerdo alcanzado, que en palabras del presidente Clavijo supone "dar cumplimiento a una demanda histórica", deja fuera de toda duda la suspensión del pago del IGTE, "pese a quienes nunca creyeron que con el diálogo se logran éxitos y optan por el ruido y el enfrentamiento".
Asimismo, Clavijo recordó que en el año 2009 se había asumido hacer frente a la deuda de 405 millones que se adeudaba al Estado por las liquidaciones del IGTE entre 1993-2007 mediante 12 anualidades (hasta el año 2024) a razón de 33,750 millones de euros.
Sobre este asunto, en la reunión se acordó deslizar el pago correspondiente a 2017 y, a partir de esa fecha, se adoptó una "en forma de compensación cruzada", de tal forma que el mismo pago que realice Canarias se compensará a través del Capítulo VII en forma de inversiones "adicionales" a la Comunidad Autónoma por la misma cuantía.
En lo que se refiere a la compensación de los 160 millones del IGTE "se suspende la compensación anual hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación autonómica" que es el marco normativo en el que debe enmarcarse la supresión definitiva.
