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Una pesada digestión

Francisco Pomares

 

El PSOE quedó completamente aislado en el Congreso el pasado martes, intentando evitar que sus socios –con la ayuda del PP y la abstención de Vox- aprobaran la concesión automática de la nacionalidad española a los saharauis nacidos hasta 1975, cuando el Sahara Occidental era la provincia española número 53. La propuesta, planteada por el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, permitió a todos los grupos afear de nuevo a los socialistas su abandono -hace ahora casi un año- de la tradicional posición española a favor de la autodeterminación saharaui, en consonancia con la legalidad internacional.

 

La primera en repartir leña al Gobierno Sánchez fue Ana Oramas, que tuvo una intervención bronca y de extraordinaria dureza, calificando el viraje gubernamental de traición al pueblo saharaui. El resto de los portavoces de los grupos parlamentarios se movieron más o menos por los mismos derroteros, aunque Vox –que se abstuvo de votar la propuesta de Podemos- aprovechó para repartir estopa no sólo al Gobierno, también a los proponentes podemitas, e incluso a los saharauis, al parecer porque les caen bien a la gente de izquierdas, portentoso argumento. La verdad es que al PSOE se le puso bastante difícil: su portavoz en el debate, el diputado Sergio Gutiérrez, propuso aceptar la nacionalidad española solo para los saharauis que lleven previamente dos años residiendo en España, y recordó que el asunto que se discutía no era una cuestión de política internacional, sino un asunto de política interior. Vano intento de reconducir el debate, aunque el axioma sea cierto: cuando en 2015 se decidió abrir la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes, medio milenio después de haberlos largado sin contemplaciones del país, nadie pensó que se trataba de un asunto de carácter internacional, sino más bien de afrontar con muchísimo retraso la reparación de una injusticia histórica.

 

Pero esto es distinto. Con los sefardíes, el asunto sólo les afectaba (y para bien) a ellos mismos. Aquí está también Marruecos por medio. Y cuando se trata de decisiones que afectan a un vecino tan quisquilloso como bien colocado en la escena política internacional, con padrinos influyentes y poderosos, como EEUU o Francia, es mejor andarse con tiento y no ceder al exabrupto. Por eso no le veo yo demasiado sentido al emperre del presidente Torres con su viaje a tierras alauitas: en el contexto de irritación marroquí y humillación española en el que nos movemos, es poco probable que el viaje presidencial logre algún éxito memorable, o siquiera presentable. Torres ha optado por reducir el contenido político de la visita a cero, haciéndose acompañar de la habitual escudería empresarial, para disimular la inanidad de un encuentro que será deslucido. Después de dos retrasos, justificados por motivos de agenda (aunque sin aclarar de la agenda de quien), mejor haría el presidente posponiendo sine díe el apretado periplo (sólo estará dos días en Marruecos) o dejándolo para un momento menos delicado que el presente.

 

Juan Fernando López Aguilar explicó de forma muy gráfica que la política española en relación con Marruecos es hoy una colección de batracios atragantados en el gaznate de la diplomacia española. Y dijo también algo que yo comparto a mi pesar: que habrá que seguir tragando unos cuantos sapos en el futuro. Es obvio que hasta ahora el mayor de ellos –que no ha evitado la sucesión de desplantes con las que Sidi Mohamed ha obsequiado a Sánchez- fue la taimada divulgación de la penosa misiva con la que el presidente del Gobierno de España puso punto final a casi cincuenta años de diplomacia contemporizadora sobre la antigua colonia.

 

El problema no es tragarse unos cuantos sapos más, como el de no ser recibido por el rey, o serlo con la bandera española colocada boca abajo… el problema es que la indigestión de sapos, a España no le esté sirviendo absolutamente para nada. Ni siquiera para poder exigir un cambio en la tolerancia marroquí –a veces complicidad- con las redes mafiosas que controlan la emigración irregular, o para que el PSOE pueda apoyar sin complejos una propuesta de justicia que afectaría tan sólo a un puñado de saharauis. Esa gente que –hace casi cincuenta años- se movía por las rutas del desierto con el DNI español.

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