Un litigio encanallado
Francisco Pomares
Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la violencia de género, tendrá que declarar como querellada, esta vez en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, donde el juez García García-Sotoca, responsable de la investigación del ‘caso Mascarillas’ hasta ser reclamado por la fiscalía Europea, ha abierto diligencias previas. En ellas se trata de averiguar si la magistrada en excedencia, denunció falsamente a Simona Chambi –su ex empleada doméstica- en la querella por extorsión, amenazas y estafa procesal que Rosell presentó el año pasado, y que fue archivada.
El litigio abierto entre la jueza y su ex empleada se arrastra desde hace ya años, con extraordinaria inquina tratándose de un procedimiento de escasas enjundia (el origen del pleito es una denuncia presentada por Chambí alegando que cobró parte de su trabajo en negro), y de hecho, esta es ya la tercera vez que Rosell y Chambí se verán las caras en los tribunales. En la primera, Rosell consiguió una sorprendente sentencia exprés, dictada el día siguiente al juicio, en marzo de 2021, en la que se justificaban como un regalo los 1.660 euros que Rosell entregó a Chambi en los primeros meses de 2015, mediante transferencia identificadas como Sueldo Simona y Pago Simona, cuando –según Chambí- era empleada suya y del periodista Carlos Sosa, pero carecía de contrato.
Tras aquella sentencia que dio la razón a Rosell y debía haber supuesto el final de un contencioso laboral, Rosell presentó una querella contra su empleada, acusándola de haberla extorsionado, acompañando el pleito laboral de ataques en medios y en las redes sociales. A Rosell, que es Delegada de violencia de género a propuesta de Podemos, se la presentó públicamente -usando el digital de su compañero Carlos Sosa- como víctima de una conspiración ultraderechista para perjudicar su imagen, denunciando la existencia de vínculos entre la defensa de Chambí y el partido Vox, y manteniendo con esos argumentos y durante meses un debate bastante asirocado. La querella de Rosell fue sin embargo finalmente desestimada en fallo firme de la Audiencia Provincial, que entendió que Chambí se limitó a plantear una demanda laboral, después de intentar sin éxito la conciliación con su empleadora.
Tras el archivo de la causa penal de Rosell, la historia siguió con otra querella –el turno de Chambi- que incorpora ahora una nueva vuelta de tuerca, al reconocer el juez la existencia de “características que hacen presumir la posible existencia” de los delitos denunciados, por los que el abogado querellante pide para la jueza Rosell tres años de prisión y una fianza de 60.000 euros, por acusar falsamente a su empleada de extorsión, amenazas y estafa procesal.
Lo que llama la atención de este caso, de esta sucesión de denuncias entre la Delegada y su empleada es la existencia de una animadversión entre ambas que parece rayar en el odio cerril, una voluntad de exterminio judicial que en el caso de Chambí -una inmigrante humilde, con escasas cultura y sin medios para litigar, según la descripción de su abogado- sólo se explica como respuesta a la convicción de haber sido injustamente tratada. Me atrevo a aventurar que es difícil que alguien que responda a lo que parece ser Chambí, se embarque en un litigio de esta envergadura, contra una mujer con poder e influencia, respaldada políticamente y con los medios y recursos de comunicación de Carlos Sosa a su servicio, si no se sintiera humanamente humillada. Estafada por la rapidísima sentencia que consideró lo que a cualquiera parecería un pago por servicios prestados como “un regalo” (por cierto, tampoco declarado).
A estas alturas, lo más lógico sería que este asunto estuviera ya más que resuelto hace tiempo con un acuerdo entre las partes. Supongo que el problema para llegar a un acuerdo, es la fijación que a veces tienen algunas personas con poder –y es obvio que Rosell lo ha tenido y aún lo tiene- de no aceptar jamás haber hecho algo mal. Ni siquiera algo tan común y tan pedestre como tener unos meses sin contrato a alguien que presta servicio en casa. Este asunto debía haberse resuelto con una indemnización que Rosell podía sin duda permitirse. Si el asunto sigue rodando, cada vez con más inquina, hasta el extremo de pedir que la magistrada en excedencia acabe en prisión, es porque en esta historia se optó por destruir al más débil, antes de reconocer lo que parece obvio: que Rosell y Carlos Sosa hicieron con su empleada lo mismo que hizo Echenique con el suyo.
