¿Territorializar el salario?
Francisco Pomares
El sindicato Comisiones Obreras ha reclamado desde su federación territorial de Madrid un sistema salarial específico para la Villa y Corte, un sistema patrio como los callos ‘a la madrileña’. Lo que plantea Comisiones es que el salario mínimo profesional establecido por el Gobierno no alcanza siquiera el 60 por ciento del salario medio de la región. El sindicato defiende su propuesta, alegando que lo que pretende es abrir un debate sobre la uniformidad salarial obligatoria de todos los territorios, recordando que esa uniformidad no encaja con el hecho de que en Madrid –y otros territorios españoles, vaya verdad de Perogruyo- el coste de la vida es mucho más elevado de lo que es en la mayoría del país.
Se trata de una propuesta lisérgica, viniendo –como viene- de un sindicato de clase y de izquierdas. A veces tiene uno la impresión de que la capacidad de parir ocurrencias que tenemos en Celtiberia supera todos los límites. Un sindicato debería saber que el salario no se decide en base al coste de la vida, sino como resultado de la actividad económica. Las empresas asumen en algunos países un tipo mínimo de salario interprofesional dictado por el Gobierno, pero por encima de ese salario rigen los convenios sectoriales entre empresas y sindicatos, que en España pueden perfectamente ser de carácter provincial, y que se basan en la interpretación de varios factores, vinculados fundamentalmente a la productividad media de las empresas del sector en un territorio determinado.
Frente a ese mecanismo, que es el que funciona para la inmensa mayoría de los trabajadores, el salario mínimo es un sistema protectivo establecido por el Gobierno, para evitar situaciones de abuso. Pero conviene recordar que el salario mínimo –situado en estos momentos en 1080 euros- sólo garantiza lo que se cobra en el caso de trabajar ocho horas diarias. Si una empresa quiere pagar a un trabajador una cantidad inferior a la que establece el salario mínimo –y es frecuente que así ocurra-, lo único que tiene que hacer es contratar a ese trabajador por menos horas. Y si quiere pagarle más, porque le considera más productivo o es el cuñado del jefe, le basta con aplicar el convenio, o establecer mejoras. Madrid no necesita modificar el salario mínimo general –el que garantiza la igualdad de mínimos entre todos los trabajadores españoles- para que los trabajadores madrileños cobren más que los de otras regiones. De hecho, los madrileños ya cobran de media mucho más que otros trabajadores, porque sus empresas son mucho más productivas.
En realidad, lo que plantea Comisiones es un profundo cambio de criterio de los principios en que se inspiran las relaciones entre trabajadores y sus empresas, por la vía de dar al Gobierno –sin especificar a que Gobierno (si al de la nación o al de la Comunidad Autónoma), la potestad de territorializar por ley el que cada región tenga su propia normativa laboral, creado más desigualdad y diferencias entre los territorios del país.
En esencia, aunque ajustada a la principal preocupación sindical, que son los salarios de sus afiliados, lo que plantea Comisiones es la aceptación de nuevas y más variadas situaciones de desigualdad entre los ciudadanos en función de los territorios en los que viven. Desde un punto de vista práctico no existe gran diferencia entre pretender que los trabajadores de Madrid tengan un salario mínimo superior al de los trabajadores de regiones más pobres, que plantear –como pretenden, por ejemplo, los indepes catalanes- que se modifique el sistema fiscal español para que sus impuestos se queden en Cataluña, algo que ya ocurre con el País Vasco. Es difícil entender que la base del discurso es la misma, porque la propuesta de Comisiones lo que parece defender es un interés laboral, mientras la propuesta de los indepes catalanes lo que defiende sin duda es dejar de contribuir a la caja común gracias a la que los ciudadanos de las regiones más pobres logran mejoras de sus condiciones de vida. La solidaridad entre ciudadanos ricos y pobres (y entre territorios ricos y pobres) define la política moderna, es lo que justifica hoy la acción de gobierno en las democracias, y proyectos de integración y cohesión como la propia Unión Europea.
Que un sindicato de clase plantee una propuesta tan chiflada demuestra la perdida de referencias que caracteriza hoy todo el discurso político y económico de los principales agentes sociales. Comisiones utiliza la excusa del coste de la vida. Es un camelo. Lo que de verdad ocurre es que la izquierda de las regiones más ricas está cada vez más influida por el discurso sobre territorios ricos y territorios pobres que siempre ha caracterizado a las derechas. Si se acepta que el salario mínimo de Madrid sea mayor que el nuestro… ¿Qué argumento tendremos para oponernos a que los impuestos madrileños se queden en Madrid?
