Tantos ‘presuntos implicados’
Francisco Pomares
La noticia llegó al Parlamento de Canarias inmediatamente después de las primeras detenciones, mientras las policías locales se manifestaban con pitos y banderas alrededor del Parlamento, reclamando mejoras laborales. Lo primero que se supo a esa hora, es que un antiguo miembro del Gobierno había sido detenido por la policía, acusado de fraude. Después llegó el nombre: Taishet Fuentes, un joven político majorero, miembro de una conocida familia de la isla, candidato socialista a la alcaldía de Antigua, y ex director general de Ganadería del Gobierno de Torres.
Tayshet es sobrino de Domingo Fuentes Curbelo, antiguo diputado regional del PSOE durante varias legislaturas, y de su hermano, el diputado al Congreso por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo. De Juan Bernardo –mentor político de su carrera en el PSOE- heredó Taishet la dirección general de Ganadería, que el PSOE ha asignado tradicionalmente a políticos majoreros. En junio del año pasado, Taishet fue destituido por el presidente Torres, de forma pública y sin paliativos, por “no contar ya con la confianza del Gobierno”. Sin embargo, el cesado asumió rápidamente ser cabeza de lista en Antigua, municipio del que era ya concejal cuando sustituyó a su tío en Ganadería.
Cuando se produjo su cese, desde el Gobierno se explicó que el cesado no estaba bien considerado entre los empresarios queseros de la isla. Probablemente había motivos: su detención ayer ocurre en el contexto de la investigación de una trama de corrupción que durante los años de la pandemia -2020 y 2021- extorsionaba a empresarios ganaderos a los que se exigía el pago de mordidas a cambio de protección para impedir inspecciones del Seprona a sus instalaciones. Ese servicio se completaba con la amenaza de bloquear subvenciones de la Unión Europea, o incentivos de la Zona Especial Canaria, en el caso de ganaderos de fuera que intentaban establecerse en Canarias.
Taishet no es el único detenido: se han producido otros doce arrestos, en una operación que ha registrado domicilios y empresas de Madrid, Valencia, Tenerife y Fuerteventura, y en la que han intervenido distintas instancias policiales y judiciales, incluyendo la fiscalía europea anticorrupción. Entre los detenidos, uno de los más conocidos empresarios del sector en Fuerteventura, y el general de División de la Guardia Civil ya jubilado, Francisco Espinosa Navas, que fue jefe de la Comandancia de Las Palmas y al que la investigación atribuye pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho. Y un suplicatorio ante el Congreso: el del diputado Juan Bernardo Fuentes, que sustituyó en su escaño a Elena Máñez cuando esta fue nombrada por Torres consejera de Economía.
Estamos sin duda ante una trama de extorsión que salpica al núcleo duro del PSOE de Fuerteventura, poco tiempo después de que su hombre clave, Blas Acosta Cabrera, hoy viceconsejero de Máñez, y ex presidente del Cabildo majorero (donde mantuvo como asesor suyo a Taiseht), fuera absuelto hace menos de tres meses del delito de administración desleal, por el que se exponía a un año y nueve meses de prisión. Es además una trama descubierta por pura casualidad, cuando la justicia investigaba a otro político socialista –el tinerfeño Ángel Luis Pérez- consejero de Deportes del Cabildo tinerfeño, autor de una rocambolesca denuncia falsa sobre uso fraudulento de tarjetas de crédito, que acabó por obligarle a presentar su dimisión, a principios de este mismo mes de febrero.
Se trata de un asunto de calado, una investigación surgida por casualidad que ha descubierto un elaborado sistema para desviar a bolsillos privados subvenciones europeas destinadas a la industria láctea y quesera. Lo sorprendente no es sólo que este tipo de comportamientos sigan prosperando en los partidos, a pesar de la vigilancia y persecución cada día más intensa de la corrupción institucional, y al deterioro que en tantas ocasiones estas prácticas han provocado a la credibilidad política. Lo realmente sorprendente es que en un sitio como Fuerteventura, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, haya podido funcionar durante al menos dos o tres años una omertá tan cerrada y persistente, que ni siquiera la destitución fulminante por el mismísimo presidente del Gobierno de uno de los presuntos implicados –tras haber recibido quejas de varios empresarios locales sobre Taiseht, según se publicó en su momento– llegara a disparar la más mínima alarma. Algo está fallando en los mecanismos internos de los partidos cuando, tras aquella destitución, Taiseht aún pudo aspirar a convertirse en alcalde.
