Sigilo
Francisco Pomares
La comisión de investigación parlamentaria que se ocupa del ‘caso mascarillas’ vivió ayer uno de sus momentos más surrealistas, cuando dos altas funcionarias de la Agencia Tributaria, de la que depende el servicio de Aduanas, se negaron a explicar lo ocurrido con las famosas mascarillas de RR7, que –según las informaciones reiteradamente coreadas por los entonces responsables del Gobierno floral, fueron destruidas, tras descubrirse que al carecer de la homologación requerida, y no cumplir por tanto con las especificaciones y requerimientos del Gobierno, no eran aptas para su uso.
Casi desde el mismo momento en que la Hacienda Canaria, cuyo consejero era entonces el vicepresidente Román Rodríguez, anunciaba que las mascarillas fueron incineradas por Aduanas a petición de 3M, empresa de la competencia –la versión oficial que aún se mantiene-comenzó a extenderse el rumor de que en realidad habían sido recuperadas por la empresa RR7 y vendidas en otro país con estándares sanitarios más bajos.
Uno esperaba que las comparecencias de ayer de María José Caballero y María Ortega, sirviera para desmontar lo que parecía simplemente un bulo, otra de esas noticias sin padre ni madre conocidos, que surgen con la evidente intención de perjudicar a alguien, a un político, una concreta institución, o una administración. Lo curioso es que ambas altas funcionarias optaron por mantener la boca cerrada -quizá para evitar que entraran moscas- en una decisión que demuestra coincidente intencionalidad o acatamiento de instrucciones. Las dos se escudaron en que lo ocurrido a las mascarillas compradas por el Gobierno de Torres a RR7 es información reservada.
¿Información reservada? Pues parece que sí, que lo ocurrido no puede ser conocido por Sus Señorías los padres de la región, porque “afecta al secreto entre Aduanas y los clientes”. Jamás en mi vida había escuchado una justificación tan peregrina e inconveniente de un funcionario público teóricamente neutral. De hecho, lo que se produjo ayer fue una flagrante negativa a informar a la Comisión Parlamentaria de lo que pasó, una negativa que sólo apuntala la percepción de que lo realmente ocurrido no es lo que se nos dijo. Si lo fuera… ¿qué importancia tendría reconocerlo?
Las funcionarias convocadas ante la Comisión no es que no dijeran ni pío sobre las mascarillas más famosas de la historia de Canarias, esos tapabocas no homologados que fueron el primer traspiés pandémico del Gobierno de Torres, al que siguieron las multimillonarias compras a las empresas representadas por Koldo, y las aún más multimillonarias compras a las empresas creadas por el presidente de la Unión Deportiva y el entonces diputado Lucas Bravo de Laguna. Las funcionarias tampoco respondieron a ninguna otra de las preguntas relacionadas con el destino final del millón de tapabocas falsos por el Servicio Canario de Salud a la empresa de Rayco González -RR7- que fue el origen de los sucesivos ‘casos Mascarilla’.
Los servicios jurídicos de las Aduanas del Estado sí remitieron un informe a la comisión de investigación, en el que se afirma la obligación de sigilo de los agentes aduaneros. Un sigilo que coincide sospechosamente con el sigilo del dueño de RR7, el ya citado Rayco, que también dejó de contestar a todas las requisitorias de los investigadores de la comisión cuando le tocó el turno de dar explicaciones. Por no decir nada, Rayco se negó a admitir tener relación o siquiera conocer a alguno con los miembros del Comité de gestión creado para decidir –entre otras cosas- las compras de material sanitario realizadas por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia. Lo más curioso de esa negativa es que cuando las hizo, la famosa foto del almuerzo en un restaurante de Fuerteventura con Ángel Víctor Torres, ya había dado la vuelta al mundo.
O sea, que la investigación sobre las mascarillas fraudulentas que Rayco le colocó al Gobierno por cuatro millones de euros de los que nada se ha vuelto a saber, queda en exclusivas manos de la Fiscalía Europea, porque –en contra de lo que se dijo inicialmente- se utilizaron fondos europeos en la operación que a la postre sirvió para aumentar el parque de lujosos deportivos de Rayco. Quizá cuando sean llamadas ante la Justicia hablen hasta las de Aduanas y se acabe sabiendo que pasó con las mascarillas, y dónde fue a parar el dinero, y que deuda se pagó con él, y a quien se untó. Hasta podría llegar a saberse quien dio a las altas funcionarias la instrucción de mantener sigilo y negar información al Parlamento de Canarias.
