Ser golpista
Francisco Pomares
La cantidad de idioteces que uno escucha todos los días nos puede hacer creer que vivimos en un mundo de locos. Las precipitosas declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno, tildando (circunloquialmente, por supuesto) al expresidente Aznar de golpista -por reclamar la protesta cívica ante la previsible concesión de amnistía a Puigdemont y los suyos-, es uno de los dislates más surrealistas que he escuchado en lo que va de legislatura.
Según el sorprendente argumento de la ministra, Aznar sería un golpista, solo por pedir que los ciudadanos manifiesten su respeto y acatamiento a la Constitución del 78. Uno pensaba que ser golpista es estar en contra del acatamiento de la legalidad, forzar o intentar forzar la imposición a los demás de una forma de gobierno… Pero, llamar a la movilización social, a la participación cívica en manifestaciones y protestas en defensa de la ley… ¿Puede ser golpista? ¿O es que para ser golpista –en la nueva acepción pergeñada por la ministra portavoz- basta con no estar de acuerdo con lo que pretende el Gobierno? ¿O con querer manifestarlo públicamente?
El expresidente queda convertido para el Gobierno en un émulo del fascismo, sólo por solicitar a la gente que se movilice en defensa de la legalidad. Y eso precisamente mientras, el Gobierno de la ministra portavoz estudia conceder la amnistía a quienes subvirtieron la legalidad constitucional para forzar la independencia de Cataluña, se rebelaron contra el orden público, desafiaron abiertamente las instrucciones recibidas por la Justicia y se gastaron los cuartos de todos los españoles –los impuestos que pagamos- en intentar una ruptura unilateral de la unidad del país.
Somos muchos los que creemos que Puigdemont y su Gobierno se comportaron durante el procés como golpistas, fueron ellos los que intentaron romper las normas básicas de la convivencia en Cataluña e imponer su voluntad de ruptura a la mitad de los catalanes y al resto de los españoles. Resulta sorprendente no sólo que eso no sea considerado como golpista por este Gobierno, sino que resulte ser golpista quien defiende el valor de la Constitución y pide a los ciudadanos que se manifiesten pacíficamente para defender su cumplimiento y la prevalencia de la ley sobre el espurio ejercicio de los intereses políticos y personales de un presidente –Pedro Sánchez- dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir en la Moncloa.
Este país se está volviendo loco, y son muchos los síntomas que lo demuestran: tras alentar Aznar a movilizaciones en contra de que el Gobierno declara una amnistía para la que –hace tan sólo unos días, y para la práctica totalidad de los miembros socialistas del Gobierno, incluyendo su presidente- no existía consenso social, ni soporte legal…, tras alentar a las movilizaciones, y decidir el PP convocar un acto de partido en defensa de la Constitución, el Gobierno acusa a Feijóo de ceder ante las veleidades golpistas de Aznar, de ser un títere manejado por la vieja guardia del partido, un tipo incapaz de tomar sus propias decisiones…
Lo dicho: el nuestro se está convirtiendo velozmente en un país bastante marciano. Un país en el que el representante del ministerio fiscal considera que no procede investigar al terrorista Josu Ternera por haber alardeado en un documental cocinado por Jordi Evole, de un asesinato del que nunca fue acusado, pero que reconoce haber cometido. Ante la demanda presentada por la asociación de víctimas del terrorismo Justicia y Democracia, la fiscal Marta Durántez asegura que no existe ningún indicio de que el documental, que se exhibirá en el Festival de Cine de San Sebastián, pueda incluir actuaciones delictivas. La fiscal afirma que actuar supondría tanto una censura previa como una investigación prospectiva, actuaciones prohibidas en la Constitución. En este país se lincha sin misericordia a cualquiera que contravenga de palabra, pensamiento u obra el espíritu woke, pero sería censura previa e intolerable prospectiva, investigar si es delito o no lo que dice Ternera, un criminal desalmado que reconoce un asesinato a sangre fría en un documental, y al que la Fiscalía imputa 11 delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa y solicita una condena de 2.354 años. Vaya: sospecho que, en una situación diferente a esta, en la que no fueran necesarios todos y cada uno de los votos de Bildu para que Sánchez pueda ser reelegido, la Fiscalía actuaría de otra manera.
En muy poco tiempo, el deterioro del consenso, el lenguaje público y la convivencia, la afirmación de la fidelidad política y el patriotismo de partido, las actitudes obedientes de quienes debieran mantener cierto espíritu crítico, la mendacidad y el oportunismo argumental, se extienden y contaminan absolutamente todo. El ambiente político nos está convirtiendo a todos en golpistas.
