¿Revisar las sentencias del ‘caso Teresitas’?

La verdad judicial es un constructo, un consenso entre lo que realmente ocurrió y lo que puede probarse. La verdad responde a matices que el trazo grueso de la aplicación de las leyes a veces no distingue. Pero la sentencia que puso punto y final al caso de Las Teresitas cerró con toda legitimidad el proceso más importante de la historia democrática de Canarias, comparable en su alcance mediático y repercusión social al juicio del ‘caso Santaella’, celebrado en plena Transición. Una auténtica catarsis para Tenerife, al afectar no sólo al que fuera alcalde de la capital, Miguel Zerolo, sino también a dos de los empresarios más poderosos e influyentes de Canarias, vinculados durante años a instituciones como la Cámara de Comercio, CEOE-Tenerife o la desaparecida CajaCanarias, además de a concejales de todos los partidos y a funcionarios muy conocidos, para los que se solicitaron durísimas penas de inhabilitación y prisión, en un ambiente de expectación y fin de ciclo político. Más allá de las penas impuestas a los seis autores probados de malversación y prevaricación, el Ayuntamiento tenía también el derecho de resarcirse de los daños causados a su patrimonio. Y se consiguió con la efectiva devolución del dinero perdido –más de cien millones de euros- por parte de los principales implicados. Logrado eso, gracias a la negociación entre el Ayuntamiento y Antonio Plasencia concluida durante el mandato de Patricia Hernández, el cumplimiento de la sentencia se ha desarrollado con inusual dureza. Uno de los condenados –Ignacio González, un hombre de más de ochenta años- murió tras una dolorosa enfermedad encarcelado en prisión, quizá porque la Justicia quería dar ejemplo con él. Los otros condenados –los más conocidos el alcalde Zerolo y el empresario Plasencia- tuvieron que agotar los plazos para obtener cualquiera de los privilegios que establece el sistema de redención penal hoy vigente en España, también porque procedía dejar claro que quien la hace la paga…

El escándalo modificó las formas de hacer política en la capital, Santa Cruz de Tenerife, y las relaciones de poder en la isla. Zerolo, que fuera alcalde durante 16 años, y era considerado el político con más futuro para asumir el liderazgo en la isla, resultó completamente alejado del partido para el que ganó tres mayorías municipales –gracias al voto de miles de santacruceros-, incluso con el ‘caso Teresitas’ ya judicializado, la compraventa del frente de playa suspendida por el Supremo, o después de resultar implicado en el caso ‘Fórum Filatélico’. Su partido le sustituyó por el actual alcalde, José Bermúdez, e inició una depuración de concejales y funcionarios zerolistas, aunque la Justicia no los hubiera considerado responsables en la malversación. Tenerife es hoy una sociedad muy distinta a la que vio surgir el escándalo: el poder empresarial no se concentra como antes en pocas manos, las entidades financieras ya no actúan bajo presión política, los medios son más críticos con la corrupción y el rechazo y denuncia de la golfería ha logrado establecer controles –a veces asfixiantemente burocratizados- en el gasto público. Un ‘pelotazo de libro’ como el de Las Teresitas sería hoy más difícil.

Pero la modificación de las consecuencias penales del delito de malversación, reformado por la vía de urgencia por exigencia de los socios catalanes del Gobierno, reabre de forma inesperada un caso cerrado. Los condenados por Las Teresitas van a exigir revisión de sus condenas, e incluso plantean –supongo que de boquilla, porque lo que pretenden es imposible-, que la Justicia les indemnice por haber aplicado la ley vigente cuando fueron juzgados. Es probable que la rendición de Sánchez al chantaje catalán, acabe provocando miles de revisiones de sentencias por malversación, repitiendo el escándalo de la ley del ‘Sí es sí’. Es probable también que en los próximos meses y años miles de personas condenadas a graves penas por malversación, logren la revisión y rebaja de sus condenas. La responsabilidad de que cientos de malversadores salgan de prisión –como ha ocurrido con los delincuentes sexuales- será de un Gobierno que está dispuesto a hacer lo que sea por seguir mandando. Es bochornoso que un partido que logró el poder con una moción de censura contra un presidente Rajoy, basada en la corrupción del PP…, que quienes prometieron redoblar esfuerzos en su cruzada por la decencia pública, sean ahora quienes provoquen que cientos de personas inhabilitadas pueden regresar limpios de polvo y paja  a la Administración y a la política. Es el mundo al revés.