Regateos
Francisco Pomares
La elección de la Mesa del Congreso, el próximo día 17, ha acelerado las negociaciones entre el PSOE y Junts. Formalmente, esas negociaciones no han comenzado aún, pero ya sabemos lo que se cuece en ellas. Lo primero, Junts exige –igual que ERC- grupo parlamentario propio. El Reglamento del Congreso establece dos procedimientos para que una fuerza política pueda acceder a las ventajas de disponer de grupo parlamentario propio. O tener un mínimo de 15 escaños, o cinco y el 15 por ciento de los votos emitidos en las provincias donde se haya presentado, o con el cinco por ciento del voto nacional. El sistema no es arbitrario: trata de garantizar que puedan formar grupo propio partidos de ámbito nacional a los que apoye más del cinco por ciento de los votantes, pero protegiendo también a los de ámbito regional si tienen gran apoyo en su territorio.
Aparte las ventajas políticas que implica disponer de grupo parlamentario –estar en todas las comisiones y en la Diputación Permanente y disponer de tanto tiempo para las intervenciones como el resto de los grupos, sin tener que repartirlo como en el mixto-, tener grupo propio supone una asignación anual de más de 360.000 euros, a sumar a la de 21.000 euros por diputado y año, que es con la que –por una interpretación bastante laxa del reglamento- se financian los aparatos partidarios. La pelea por tener grupo propio es la primera que dan los grupos parlamentarios. Es frecuente que en las negociaciones para formar mayorías, este sea uno de los asuntos que se discutan primero, porque la pasta es la pasta. En la pasada legislatura canaria, Curbelo incluyó la exigencia de crear su propio grupo y abandonar el Mixto, porque eso le suponía hacer el doble de caja todos los meses. El candidato Torres cedió a la petición, que se materializó con la reforma del reglamento, para crear grupos desde tres diputados, y la consiguiente creación del grupo gomero.
Aunque ERC y Junts no cumplen las condiciones que exige el reglamento para tener grupo (sólo disponen de siete diputados cada uno y no alcanzan el 15 por ciento del voto) no van a tener que esperar siquiera a la reforma del reglamento, porque la Mesa del Congreso puede interpretarlo y perdonarles los votos que les faltan, o permitir que otros partidos les presten diputados, aunque necesitarían ocho diputados prestados cada uno.
Para disponer de grupo propio, y de la morterada que eso implica, Junts votará sin duda con la izquierda para controlar la mayoría de la mesa (cinco de nueve) y plantear el cambio. Pero esa primera concesión a Junts es sólo a cambio de que el PSOE coloque al presidente de la Mesa y la izquierda la controle gracias a la elección de un representante de ERC. Esa parte de la negociación no tiene dificultades para acabar cerrada, porque le conviene al PSOE y a los independentistas.
Pero el regateo no va a parar ahí. Junts es hoy –por encima de cualquier otra cosa- el partido del prófugo al que el Juez Llarena quiere ante los tribunales. Y el prófugo tiene muy claro que clase de negociación quiere: quiere que los socialistas negocien directamente con él, y ha elegido ya al mejor interlocutor posible, que no será Sánchez, sino muy probablemente Rodríguez Zapatero. Junts ha dicho públicamente que sería un negociador apropiado, porque Puigdemont quiere alguien que –de alguna manera- represente a España, en una negociación que quiere presentar como un acuerdo entre España y Cataluña. Y en ausencia del presidente, nadie mejor para representar al país que un ex presidente.
Puigdemont necesita resarcirse en esa negociación de todas las humillaciones del pasado y alguna del presente. Quiere dejar claro que sólo él negocia por Cataluña, y que es él quien decide el próximo presidente español. Ese es el juego al que se va a prestar el PSOE. Un juego peligroso, porque a Puigdemont no le interesa el Gobierno de España, le interesa la independencia de Cataluña. Y antes, la amnistía a los tres mil catalanes que se implicaron en el procés. Una amnistía que acabará aceptando el PSOE para que Sánchez pueda seguir, y que es clave en la negociación. Una amnistía que Puigdemont le arrancará al Estado, y que le convertirá en vencedor del pulso iniciado con el referéndum fallido del uno de octubre. Cuando Sánchez ceda, cuando se apruebe a toda velocidad la Ley de Amnistía, desaparezcan las inhabilitaciones y el prófugo regrese para presentarse a las elecciones catalanas, Junts habrá ganado, el PSOE habrá achicharrado su Historia en la pira presidencial de Sánchez, rendido al Estado en Cataluña por siete votos, y Puigdemont seguirá siendo quien decida lo que ocurre en este país.
Si le dejamos, se las va a cobrar todas.
