¿Quién pagará la deuda catalana?
Francisco Pomares
Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones a Marruecos. Otra demostración de su afición por los golpes de efecto. En realidad, está en condiciones de hacer lo que quiera: la izquierda ha ganado el relato, gracias a un mejor control de los medios, las redes y el mensaje, con los que ha logrado hacer olvidar sus errores y trapisondas. La derecha no ha sido capaz de responder y se ha quedado sola. Sin aliados posibles.
Nadie parece recordar ya los disparates protagonizados por el Gobierno PSOE-Unidas Podemos. O la existencia de un discurso agresivamente racista, supremacista incluso, por parte de un bocachancla de Junts que llegó a ostentar la principal magistratura catalana. O las vergonzosas cesiones de Sánchez a sus socios indepes, el indulto, la reforma del Código Penal, el paripé de la Mesa de Diálogo, el incumplimiento declarado de las sentencias sobre el uso del español en las escuelas o los miles de millones de euros que el Estado ha inyectado en Cataluña.
Hoy se ofrece como pago a Junts por su colaboración en la investidura la condonación de la deuda de 72.000 millones de euros de Cataluña con el Estado, sin que se cuestione siquiera lo que supone eliminar la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica, la línea de crédito de Hacienda a las Autonomías, del que una deficitaria Cataluña ha tirado desde 2012 de manera persistente. La propuesta de cancelación o al menos de quita de parte de la deuda, planteada inicialmente como una idea exótica de los socialistas catalanes, se ha convertido en un elemento público de la negociación, uno de los que el PSOE puede hablar abiertamente con Esquerra y Junts (y Bildu), desde la aparente normalidad de una iniciativa de financiación. Es verdad que la amnistía o el referéndum son más difíciles de asumir (al menos públicamente) pero la condonación de la deuda a Cataluña no es un asunto técnico. En absoluto.
En la práctica se trata de una idea aberrante: que el dinero prestado a la Generalitat lo paguen todos los españoles. Estamos hablando de 72.000 millones, una fortuna que impactaría no solo sobre los complejos equilibrios financieros que sostienen el Estado de Bienestar, sino que también haría saltar por los aires el principio de solidaridad interregional que define el Estado Autonómico emanado de la constitución del 78.
La aceptación por el PSOE y el Gobierno de Sánchez de la cancelación del montante completo o de parte del crédito concedido a Cataluña, cuando otras regiones españolas también tienen apuros con el FLA (ninguna tan grave como el agujero catalán, es cierto) supondría una extraordinaria injusticia para las regiones más pobres.
Ayer, el PP puso el grito en el cielo ante una quita que probablemente sería ilegal si no fuera general, pero eso era de esperar. No lo es tanto que aliados regionales seguros de Sánchez hayan planteado que esperan ser tratados igual que Cataluña. Y en algún caso -el del Bloque Galego, por ejemplo- se ha condicionado el apoyo a la investidura a un tratamiento igualitario de la deuda con el Fondo de Liquidez.
Mientras los socios seguros se posicionan, ese socio potencial que parece ser Coalicion Canaria, no se ha pronunciado. Y debiera hacerlo.
Porque cuando se habla de cancelar deuda a los ricos, de lo que se habla es de que esa deuda la paguen los pobres. En este caso no se trata de ciudadanos, sino de territorios, pero da igual. Poner el contador del FLA a cero lo que implica es que todos nos haremos cargo de asumir lo que se debe. Se pagará con nuestros impuestos futuros, ya sea subiéndolos, o destinando la recaudación a afrontar los pagos, y no a otras necesidades presupuestarias.
Me preocupa el silencio del Gobierno de Canarias. Y el de Coalicion, a la que solo se ha escuchado alguna paparruchada sobre el sistema de financiación y bla-bla-bla, la vieja cantinela de siempre.
Y me preocupa más aún que dejemos pasar este asunto como una cuestión técnica, un debate de expertos: si algo caracteriza a Pedro Sánchez es la instrumentalización del poder y los recursos del Estado en sus objetivos personales.
Si este asunto no se convierte en prioritario, estaremos pagando todos la deuda catalana en menos tiempo del que 13 diputados de Esquerra y Junts tarden en votar ‘Si’ en la investidura.
