¡Qué escándalo, aquí se juega!
Francisco Pomares
Es una escena estupenda, memorable, de esas que los cursis califican ahora de icónicas y/o emblemáticas. Sucede durante el primer tercio del metraje de Casablanca y a mi juicio es una de las mejores frases de una peli llena de frases extraordinarias, como “Tócala una vez, Sam”, convertida por miles de aficionados en “Tócala otra vez Sam”, o “Siempre nos quedará Paris”, o la que cierra el metraje, cuando el capitán Louis Renault –Claude Rains- tira la botella de agua de Vichí a la papelera y dice aquello de “esto puede ser el inicio de una gran amistad”. Mi preferida –supongo que todos tenemos una frase preferida de Casablanca, como una escena favorita de El Padrino-, es cuando el capitán (siempre el gran Rains, el actor británico que mejor ha interpretado a un francés) se escandaliza al descubrir que en el Café de Rick hay un casino clandestino: “¡Qué escándalo, que escándalo, he descubierto que aquí se juega!”, clama muy ofendido, y acto seguido uno de los empleados de Rick le entrega lo que ese día ha ganado: “Sus ganancias, señor…”, creo recordar que le dice…
El recurso a escandalizarse es un mecanismo muy político. En general, nuestros próceres y dirigentes se escandalizan cada vez con más facilidad, sobre todo cuando tienen un micro o una cámara de televisión delante. El último de nuestros escándalos conventuales se ha producido porque la Audiencia de Cuentas de Canarias, cumpliendo con su obligación, que es fiscalizar las cuentas de los organismos públicos de las islas, ha detectado la existencia durante el mandato floral de Ángel Víctor Torres de demasiados casos de fraccionamiento de las contrataciones, que incumplen claramente el espíritu de la Ley de Contratos Públicos, además de un montón de contratos por importes en el límite mismo del máximo establecido en una normativa cada día más restrictiva.
En su último informe, sobre los contratos suscritos por la Comunidad Autónoma durante 2021, la Audiencia ha detectado esos vicios en todas las consejerías, excepto Hacienda. Y no es que Hacienda sea un ejemplo en el manejo de los cuartos públicos, es que sus funcionarios conocen muchísimo mejor los sistemas de contratación y no tienen prejuicios para acudir a contratos que requieren licitación. De hecho, quienes incurren con más frecuencia en lo que en jerga administrativa se llama un menor, son los departamentos que solicitan o requieren servicios de poca monta. Un menor es un contrato que no precisa de trámites complejos, entre otras cosas porque su límite se sitúa en 15.000 euros, IGIC aparte. Aunque lo del IGIC también es un misterio, porque dependiendo del interventor que toque, el limite puede perfectamente incluir el IGIC o no. Hace algunos años, los contratos menores se podían realizar por hasta 18.000 euros y la Unión Europea mantiene hoy una normativa –que no parece ser de obligado cumplimiento- más flexible. Pero en las administraciones españolas, son muchísimos los contratos menores, y es sospechosamente alto el porcentaje de los que rozan los 15.000 euros. Es algo que sane todo el mundo en ayuntamientos, Cabildos y Gobiernos, y también todo el que provee de algún tipo de bien o servicio a administraciones públicas en cualquier lugar de España. Los contratos se estiran –y también se encogen- para embridarlos en esa línea fatídica de los 15.000 pavos. Muchos contratistas aceptan ese límite aún a pesar de que incorpora en la práctica un descuento no reconocido, y otros tantos llevan sus contratos hasta el límite, a sabiendas de que para la administración –acostumbrada a disparar con pólvora de rey- el procedimiento para pagar 4.000 euros y para pagar 15.000 es exactamente el mismo.
La lucha contra la corrupción, convertida en un auténtico mantra durante varias legislaturas, llevó a la adopción de sistemas de control que no han resultado ser muy eficientes. No siempre han funcionado como se esperaba, y a veces provocan graves disfunciones, como el sistema de subasta inversa en la licitación, que protege al funcionario que ha de informar un expediente, pero suele provocar adjudicaciones por debajo del coste real, que se acaban resolviendo con retrasos en la ejecución y renegociaciones de gastos suplidos. La mayoría de los problemas responden a una concepción errónea de cómo combatir la corrupción, que –a mi juicio- no debiera ser complicando los sistemas de contratación, sino mejorando los mecanismos de control del cumplimiento de los contratos, una asignatura pendiente.
Mientras no se haga eso, nos queda el recurso al escándalo: Torres y los suyos permitieron la acumulación de contratos en el límite de gasto. ¿Sólo Torres y los suyos? No: todas las administraciones de Canarias vienen haciéndolo desde que se decidió alegremente la reducción del límite en los contratos, cuando un menor paso a ser aún más menor.
