Pues eso…

Francisco Pomares

El asunto es más grave aún de lo que se esperaba: la amnistía de Sánchez perdona cualquier acto que reivindique, promueva o provoque la secesión catalana, incluyendo todos los relacionados con las consultas ilegales del 2014 y 2017, además de todos los episodios de desobediencia, o desordenes públicos producidos como respuesta a la sentencia del procés. Desde 2012 hasta la aprobación de la ley: eso permite que Artur Mas y su consejero, Joaquim Homs, dejen de estar inhabilitados por desobediencia grave. El delito por el que fueron condenados se desvanece como no cometido.

Las condenas firmes serán revisadas por los tribunales que las dictaron, que deberán revocarlas en sólo dos meses en base a la nueva ley. A los procesados con causas aún en tramitación, se les archivarán, incluso si se tratara de causas por terrorismo. La ley dice en su artículo segundo que el terrorismo se excluye de la amnistía, pero hecha la ley hecha también la trampa: porque es cierto que no se perdonan los delitos de terrorismo, pero sólo en el caso de que se haya dictado ya sentencia firme. Y eso no ha ocurrido en ningún caso hasta ahora. De momento, las dos causas directamente calificadas por terrorismo –la actuación de los CDR y la causa de Tsunami Democrático- no han ido a juicio, y por lo tanto no hay sentencia. Ambas serán archivadas con carácter inmediato. Y la investigación para determinar si existió terrorismo en las actuaciones del propio Puigdemont, iniciadas la pasada semana por la Audiencia, decaen inmediatamente. La ley obliga a archivar ambas causas, desimputa a Marta Rovira e impide que el expresident Puigdemont pueda ser imputado por haber promovido –y probablemente financiado- las actuaciones de los CDR o Tsunami. Puigdemont podrá regresar a España sin ser detenido nada más aprobarse la amnistía, aunque esta sea recurrida ante el Constitucional. Es cierto que con carácter general las cuestiones de inconstitucionalidad paralizan los procedimientos, pero la ley hace trampa también en esto, y establece que las medidas cautelares no se aplicaran, ni siquiera ante un recurso en el Tribunal de Garantías.

Los miramientos con la tropa indepe, se trasforman en la ley en dificultades para los policías imputados por cumplir órdenes, que han sido finalmente incorporados a la concesión de amnistía –los jefes de Junts se oponían- pero se establece como limitación que no se aplique a quienes sean acusados de lesiones o trato inhumano.

Y un asunto pecuniario, que preocupaba a Más y otros dirigentes juntistas acaudalados: la amnistía libra a los secesionistas de la obligación de restituir el dinero público gastado en las consultas o en promover la independencia. Más de una treintena de responsables de la Generalitat -Puigdemont y Junqueras, entre ellos- se libran de pagar su parte de los tres millones y medio que les reclamaba la Fiscalía.

Con la presentación de esta ley concreta, ya no caben más disimulos: no se trata de un intento de pacificar Cataluña. La paz requiere de comprensión y aceptación de los propios errores y excesos, y eso no aparece ni por asomo. Los delincuentes que han impuesto la redacción de esta ley espuria, no se arrepienten de nada, volverán a las andadas, ahítos de argumentos y relato, después de haber logrado que el Estado se humille, la nación se divida en dos mitades irreconciliables y la razón sea sustituida por la rabia y la furia. No es la paz lo que promueve esta amnistía, sino el asentamiento de esa mayoría constituida entre los partidos de izquierda y las fuerzas nacionalistas de derecha, que parece empeñada en desmembrar el país. Una mayoría imposible con la que Sánchez se hizo provisionalmente con el poder en junio de 2018, y que ha logrado construirse en estable logrando que el PSOE acepte como válido un relato que confunde la verdad y convierte a los que carcomen el Estado constitucional, en valedores de la democracia, cuando son exactamente lo contrario, como demuestra toda la historia española, de las guerras carlistas para acá. Lo peor de esta amnistía no es que se perdone a los indepes, sino que el PSOE haya aceptado convertirla en la ley que compra su propia ruina y extiende el cáncer de la desigualdad política y fiscal entre las gentes y los territorios del país. Lo peor es la disolución de las ideas, los principios, la moral, en nombre de una razón que no es siquiera una razón de Estado, de clase o identitaria, sino la razón de un solo hombre que ha decidido seguir aferrado al poder, aunque tenga que pagar por ello cualquier precio.

Dudo que este último lance de Sánchez pueda acabar con la unidad de los españoles, pero el presidente hoy aún en funciones, será recordado por la Historia como el hombre que destruyó al PSOE y convirtió la mayor maquinaria política de la democracia española, en un inservible club de obedientes y serviles comparsas.