No nos hacen ningún caso
Francisco Pomares
En octubre de 2018, el Senado refrendó el Estatuto de Autonomía de Canarias que blindaba el REF y las especificidades de Canarias. Fue un momento de especioal euforia, saludado desde la tribuna del Senado por el entonces presidente Fernando Clavijo y por los representantes de las fuerzas políticas que habían apoyado su tramitación, todas menos Podemos y Ciudadanos.
Este periódico recordaba ayer el chasco de que Canarias se haya quedado sin ser sede de ninguno de los organismo nacionales e internacionales que estaban en liza durante la legislatura pasada, cuando se desató cierta euforia preelectoral por presentar candidaturas para que ciudades de las islas fueran nominadas como sedes de agencias y centros españoles y europeos públicos. No pudo ser: fracasaron las candidaturas para la Agencia Espacial Española y la de Inteligencia Artificial, finalmente adjudicadas a Sevilla y La Coruña, y también la Agencia Europea del Turismo, sin materializarse mientras las dos islas capitalinas siguen pidiendo albergarla, o el Centro Nacional de Vulcanología, en el limbo tras anunciar el Gobierno que su ubicación en Canarias. Claro que fue un anuncio, uno más, de los realizados durante la euforia postvolcánica de La Palma, cuando Sánchez y sus ministros se desplazaban a la isla todos los meses. La partida de cinco millones fue incluida en los Presupuestos 2024, pero el Gobierno no ha revelado cuándo se autorizará el centro ni en qué isla, en disputa entre La Palma y Tenerife.
Es cierto que ponemos de nuestra parte, con la recurrente disposición al pleito en todo lo que tenga que ver con sedes institucionales. Incluso cuando el pleito entre Tenerife y Gran Canaria no existe, afloramos otros de índole provincial, entre Tenerife y La Palma o Gran Canaria y Lanzarote. Somos especialistas en contribuir a que no nos hagan caso. Porque la historia del fracaso de Canarias para hacer cumplir las promesas del Gobierno –Sánchez se comprometió explícitamente con la Agencia Europea de Turismo y con el Centro Vulcanológico- es otra demostración del escaso interés que despierta en las instituciones mesetarias el apoyo real a las iniciativas de las islas.
Ese desinterés, que define nuestra relación desde hace décadas con los gobiernos nacionales, es fruto de la distancia y la ignorancia sobre Canarias. Una ignorancia que se hace patente en la desinformación que existe en los ministerios más importantes –resulta inexplicable que se produzca sistemáticamente en Hacienda- sobre el REF y sobre el Estatuto de Autonomía, las dos normas fundamentales de las islas. Hace años que estamos empeñados en decirnos a nosotros mismos que el REF es el fuero histórico de las islas, pero lo cierto es que se trata de un acuerdo entre el Estado y la región que data sólo de 1972, en los últimos años del franquismo, y que fue sustancialmente revisado para adaptarlo a la incorporación especial de Canarias a Europa, para poder acceder a las ayudas agrarias que han salvado de la destrucción –gracias al dinero comunitario- el plátano y su contribución al sostenimiento de la agricultura y el paisaje.
A cambio de incorporarnos de aquella manera a Europa, Canarias renunció a los puertos francos, instrumento para facilitar las importaciones –vitales para el consumo de las islas- y el comercio. Es cierto que nuestro régimen aduanero, distinto al resto de España, resulta confuso para nuestros compatriotas, sean estos panaderos o funcionarios del ministerio de Hacienda. Cuesta explicar que el sentido del REF actual es garantizar que la atención a los isleños no sólo sea proporcional a la que reciben los peninsulares y baleares, sino que además permita que los servicios imprescindibles (desalación, potabilización, producción de electricidad, transportes) nos cuesten lo que a cualquier español.
Para la mayoría de nuestros compatriotas, en Canarias se vive muy bien, la gasolina está tirada de precio, no pagamos IVA, sino un IGIC reducido, y vivimos protegidos por sinecuras y canonjías sin cuento. Eso es rematadamente falso: nuestra economía es incapaz de dotarnos de los bienes que precisamos, todo lo que consumimos llega con recargos por flete, producir electricidad cuesta más del doble que en el resto de España, y movernos entre las islas es carísimo.
La administración canaria tiene que explicar a cada gobierno nacional que se estrena que el REF no es fruto de un generoso despendole de Madrid, sino un mecanismo laboriosamente batallado para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia.
Un mecanismo que se incumple por sistema, no porque exista en la administración central un especial rechazo a lo que Canarias representa, sino porque Hacienda es centralista y jacobina, y lo es con todos los gobiernos. El único que logró entender lo que ocurría en Canarias fue el de Felipe González, y sólo porque duró bastante como para que pudiéramos explicárselo, y porque contamos con una ayuda inesperada: el independentismo y la no integración de Canarias en Europa preocupaban al PSOE, un PSOE muy distinto a este de ahora.
Cada vez que Canarias espera o demanda algo, sea o no nuestro derecho, tiene que batallarlo a cara de perro. Ese es el sino de esta región. Da igual que lo que pidamos sea la sede del Centro Vulcanológico, las subvenciones al transporte, las ayudas al cine o la exención de las tasas aeroportuarias. Y así va a seguir siendo.
