Mucho ruido inútil
Francisco Pomares
Como un anticipo de lo que traerá la tormenta a punto de aterrizar sobre las islas, los partidos de Canarias han decidido dejar a un lado ese ‘modo canario’ de actuar en política que reclama Fernando Clavijo, para emular a sus mayores nacionales, instalados desde hace días en la bronca, el ruido, y el tirar barro al ventilador, aunque al final todo el mundo acabe cubierto de porquería. Ruido y más ruido inútil.
Mientras el ministro Torres intentaba ayer mantener el tipo en la Comisión Constitucional, ocupándose de asuntos propios de su ministerio -como la creación del futuro Museo de la Memoria Democrática, o la transformación del Valle de los Caídos en un centro de reinterpretación-, el PP lo ponía a caldo en el Parlamento de Canarias y el Congreso.
En Teobaldo Power fue durante el debate de creación de la comisión de investigación de las mascarillas, cuyo calendario se espera se extienda al menos hasta finales de este año. Los del actual Gobierno quieren citar a medio Gobierno anterior: Torres, Chano Franquis, Román Rodríguez, Julio Pérez, Blas Trujillo, el hombre fuerte de Torres entonces y ahora, Antonio Olivera, que fue director del Servicio Canario de Salud cuando se consumaron las compras, el entonces responsable de Comunicación del Gobierno, Ricardo Pérez, y también a Conrado Domínguez. El PSOE y los de Nueva Canarias estudian hacer comparecer al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y al ex diputado Lucas Bravo de Laguna, investigados por evasión fiscal en ventas por 23 millones de material.
La idea del PP es usar la comisión para convertir el ‘caso mascarillas’ en ‘caso Torres’, y achicharrar al ex presidente por defectos, irregularidades y golferías varias en compras por 46 millones de euros. Va a ser muy difícil probarle a Torres responsabilidad directa en las compras, pero sí es cierto que el PSOE y los partidos que apoyaban su Gobierno bloquearon hace más de un año la investigación por dos vías: votando contra la creación de la comisión de investigación y el informe de la Audiencia de Cuentas que revelaba irregularidades graves en muchos de los expedientes.
También en el Congreso y el Senado el PP se desmelena: han disparado el griterío, y subido el tono de sus acusaciones contra Torres, como responsable de la compra de mascarillas a las empresas de la trama Koldo, que su Gobierno cerró durante los primeros meses de la pandemia. El diputado grancanario Carlos Sánchez Ojeda, reclamó ayer al ministro que asuma su responsabilidad, exigiendo que no siga en el Consejo “ni un segundo más”. El diputado defendió una moción de tono reprobatorio, pero evitando la reprobación formal. Un camino extraño, planteado quizá para que Coalición pueda votar hoy una propuesta que no tiene ninguna posibilidad aritmética de prosperar, excepto que Junts se abstenga en otra arbitraria demostración de psicopatía.
Sánchez Ojeda fue básicamente implacable y brutal en una intervención sin la más mínima voluntad de contención ni presunción de inocencia. El diputado explicó que con Torres “se firmaron contratos que eran un fraude, con empresas que ni siquiera estaban constituidas, y se contrataba de cualquier manera sin importar su falta de experiencia, o la calidad del material que se entregaba, o que la empresa no estuviera constituida”, porque lo único que importaba al Gobierno es que la empresa que resultara adjudicataria hubiera sido señalada “por la mano correcta”. Ninguna de esas afirmaciones es hecho probado, pero eso hoy a todo el mundo –excepto a Torres- le da exactamente igual. Aquí se trata de hacer ruido, no de saber qué paso. Las comisiones parlamentarias responden a las mayorías, no a la verdad. La del Congreso acabará señalando a Ayuso y su familia, y la del Senado directamente a doña Begoña. Ya verán.
La socialista Lola Corujo, encargada de defender a Torres, dedicó su intervención a atacar a Ayuso por el fraude fiscal de su novio, y se explayó en el abuso de argumentario, asegurando que el trumpismo lo inventó Aznar, con sus mentiras tras los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, y desde entonces todo lo que dicen es mentira. Resulta asombroso el descaro con el que los políticos justifican una cosa o la contraria a su conveniencia: Corujo votó contra la creación de la comisión parlamentaria solicitada por la oposición en el Parlamento regional, cuando se tuvo conocimiento del primer caso en las islas. Pero ayer, Corujo pidió dulcemente al PP que vote la creación de la comisión de investigación de compras en todas las administraciones. Por supuesto, el PP solo apoyará su propia comisión en el Senado, en la que podrán sacar también las conclusiones que quieran.
Mucho ruido, pocas nueces.
