Menos transparencia, por favor
Antonio Salazar
La trasparencia en política está sobrevalorada. No es solo que, en ese empeño, nos expliquen con frecuencia nuestros mandarines en que usan el dinero que previamente nos han extraído por la fuerza. Como bien dice el conocido economista Carlos Rodríguez Braun, “Encima que se quedan con el 50% de lo que ganamos, quieren contarnos en qué se lo gastan. Igual sería preferible que nos quitasen el 10% y nos ahorran el relato de los potenciales usos que le den”. No es mal acuerdo. Sostienen que ese dinero, que abnegadamente ganamos para desarrollar nuestros proyectos de vida y que nos es arrebatado con el uso de la fuerza, es para educación, sanidad o seguridad y con ello acallar cualquier atisbo de protesta. Sabemos que no es verdad; por supuesto, bueno fuera, que se destina una parte a la mala gestión de esas actividades pero el presupuesto es mucho más que eso. Se destina a fines diversos con un único objetivo: comprar adhesiones y ganar elecciones. Solo que ahora lo sabemos con detalle. Un caso claro de ineficiencia, solo a la espera que cada vez más gente objete sobre esos fines.
Otro capítulo, igualmente llamativo, es la retransmisión en directo -con la posibilidad de verlo en cualquier momento- de las distintas sesiones que celebran algunas instituciones. Por ejemplo, el Parlamento de Canarias. Por razones que no vienen al caso, he tenido que prestar atención al debate sobre una proposición de ley para paralizar la investigación -sí, ha leído bien, la investigación porque no queremos saber- sobre tierras raras en Fuerteventura. La segunda experiencia abracadabrante, una sesión sobre el reto demográfico de Canarias en la que participó el vicerrector de la Universidad de las Hespérides, Gonzalo Melián. Decía Joaquín Garrigues Walker que si la gente supiese lo que se debate en un Consejo de Ministros saldría corriendo de sus casas en dirección al aeropuerto más próximo. Las tienen colgadas en la web del Parlamento aunque si no quiere plantearse a quienes hemos hecho responsables de la elaboración en leyes en Canarias, ahórrese el sofoco. No es ya un asunto sobre el fondo de la cuestión en cada caso, sobre lo que bien se puede escribir mucho y debatir más aunque para ello sería deseable que el nivel intelectual fuese superior. Es también lo idiotamente politizada que está nuestra clase política, al punto que se plantee que no debe seguirse las indicaciones de la Unión Europea en el tema de las tierras raras con medias verdades e incluso groseras mentiras, UE a la que permanentemente recurrimos para mantener estos chiringuitos.
O en el tema de la comisión de expertos, donde comparecen personas que amablemente asisten, dedican su tiempo y conocimiento y son respondidas con una frivolidad y ausencia de conocimiento pavorosa. ¿En qué manos estamos?
