Mediador: tan contentos todos
Por Francisco Pomares
La investigación del caso Mediador se prorroga otros seis meses más. La juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha montado un macrocaso, en el que ya se amontonan más de dos teras de información. Dos terabytes son dos billones (con b) de bytes, una enormidad: si se tratara de palabras transcritas en un sumario, estaríamos hablando de trescientos mil millones de palabras (palabra más, palabra menos) pero este es un caso especial, en el que una buena parte de la información que se maneja son grabaciones, fotografías y videos, que consumen infinitamente más espacio de disco que la palabra escrita. Aun así, la investigación ha alcanzado ya la friolera de 170 cuentas corrientes, más de 90.000 movimientos bancarios, y eso sin contar las cuentas de los principales protagonistas, que forman parte de piezas declaradas secretas en el procedimiento.
Meterle mano a toda esa coctelera de información es una tarea hercúlea. La información fue obtenida por el Servicio de Asuntos Internos de la Dirección General de la Guardia Civil (un general de la Benemérita –Francisco Espinosa- fue el único encausado que entró en prisión provisional) y por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, tras intervenir los dispositivos electrónicos de una veintena de personas. Pero es mucho más fácil buscar información en bruto que someterla a examen, interpretarla y sacar conclusiones que puedan ser de utilidad en el caso. De lo que hay, se mantiene la idea de que este sumario se extiende en distintas direcciones. Las grabaciones publicadas estos días por el periódico El Mundo, vuelven a poner el foco en las alegres noches de algunos diputados y diputadas del Grupo Socialista del Congreso, aunque su responsabilidad no parece ir más allá de haber tenido la mala suerte de elegir de compañero de farra a su colega, el simpar Tito Berni, diputado a Cortes por el tercio majorero de la familia Curbelo.
Pero aparte los asuntos morbosos, la investigación sigue dos líneas principales. Su dirección se ha desdoblado. La parte relativa al general Espinosa la dirige la Fiscalía Europea, encargada de dilucidar si Espinosa metió cuchara en los contratos vinculados a un proyecto financiado por Bruselas en el Sahel. La juez Lorenzo-Cáceres, por su parte, parece más interesada en dirigir sus pesquisas al otro centro de la cuestión, el tinglado que el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte se montó en la consejería de Agricultura. Por eso hay varios cargos intermedios del departamento citados a declarar: los jefes del servicio de Registros, Industrias y Bienestar animal de la Dirección General de Ganadería, Antonio Manuel Cardona, y del servicio de Reintegro de Subvenciones de la Secretaría General Técnica, Guillermo José de Diego, y el técnico de la Consejería Pedro Peláez Pérez. También se ha citado a la Interventora General de la Comunidad Autónoma, cuyo testimonio se ha retrasado ya en dos ocasiones. Había sido llamada en julio, y luego el pasado miércoles, pero finalmente parece que declarará en noviembre.
Tiene uno la impresión de que este es uno de esos procedimientos en los que nadie –con la excepción obvia de la juez- tiene especial interés en que se aclaren las cosas.
Es chocante: a pesar del enorme aporte de información y del tiempo, los recursos y la tinta invertidos hasta ahora, tiene uno la impresión de que se trata de una trama de corrupción más llamativa que profunda. Sin mezclar putas y cocaína con políticos, la torpe aventura gansteril de Navarro Tacoronte y sus socios majoreros no habría tenido el alcance y trascendencia que llevo este episodio a convertirse en uno de los casos de corrupción más divulgados en la historia de la golfería patria. No parece que estamos ante un grosero reparto de millones a conmilitones de partido y amigos, como fueron los Eres, ni ante un sistema extractivo perfectamente organizado, como el Gürtel. Este es un asunto por el que no rodarán probablemente más cabezas de las que ya han rodado, la del Tito Berni y su sobrino con problemas, la del mediador bocazas y la de un general con vicios caros y pocos escrúpulos. La conexión de Tacoronte con Agricultura probablemente no marcará a fuego a nadie, sus atrabiliarias denuncias urbi et orbi, aventadas con ahínco por los digitales de la derecha, pincharán en hueso. Y el tiempo y el dinero gastado en esta causa se cobrará parca recompensa. O no, a lo mejor me equivoco y un día alguien con más luces que los personajes implicados hasta ahora, se decide de verdad a tirar de la manta, y nos cuenta que lo que hacía el mediador venía haciéndose en la ganadería de las islas desde hacía mucho tiempo. Y todo el mundo tan contento.
