Por Francisco Pomares
Probablemente, la falta de sintonía entre el Gobierno de Canarias y el de la Nación en relación con el traspaso de competencias de Costas será el primer conflicto grave entre ambos Gobiernos. El traspaso de la totalidad de las competencias de Costas forma parte de los acuerdos firmados por el PSOE para lograr que Coalición apoyara la investidura de Sánchez, dado que es un asunto incorporado a la Agenda Canaria. Sin embargo, el Estado no parece nada proclive a ir más allá del limitado traspaso de funciones y servicios a Canarias, en materia de ordenación y gestión del litoral, aprobado a finales de julio de 2022 por el Gobierno de Sánchez, y que entró en vigor el uno de enero del año pasado, cuando Torres era presidente del Gobierno de Canarias.
Fue en mayo del año pasado cuando también arrancó –con bastante crudeza- el primer conflicto grave de interpretación, cuando el Gobierno regional reclamó repetidamente al ministerio de Transición Ecológica la devolución de los expedientes de extinción de la concesión de dos hoteles RIU –el Tres Islas y el Oliva Beach– ambos construidos en las Dunas de Corralejo, el parque natural de Fuerteventura.
Desde la consejería de Valbuena se aseguró que ante la negativa del Gobierno español a contestar, se solicitó devolución a Canarias de los expedientes, amenazando que si en el plazo de 30 días no se recibían los expedientes solicitados, se activaría conflicto de competencias ante el Constitucional, para paralizar los derribos hasta que se decidiera que administración es responsable de su tramitación. En realidad, se trata de un conflicto antiguo y complejo: la cadena balear compró los dos hoteles al mismo tiempo que el islote de Lobos, a finales de los años 90. Los hoteles fueron construidos antes de entrar en vigor la Ley de Costas de 1988, que deslindó la zona costera donde radican los inmuebles, situándolos dentro del dominio público. Esa decisión excepcional fue regulada por una disposición transitoria de la Ley, que permitía a RIU mantenerse durante 30 años como usufructuario, y con una prórroga de otros tantos años. Pero en 2007, el ayuntamiento de La Oliva denegó la licencia municipal para acometer obras y cerro un acuerdo con Costas para reducir la concesión a sólo 10 años y ceder Lobos al Estado. Desde entonces, RIU –una cadena bien relacionada con el mundo político en Canarias- batalló duramente por sus derechos, hasta lograr en mayo del año pasado que el Gobierno de Torres anunciara su intención de activar conflicto de competencias en el Constitucional.
Pero las elecciones cambiaron radicalmente las cosas: Torres no es ahora presidente del Gobierno de Canarias, sino ministro de Sánchez, cuyo gobierno parece decidido a ser ejemplar con RIU. Torres se descolgó hace unos pocos días con unas declaraciones en las que no sólo obviaba por completo su inicial posición favorable al conflicto de competencias, sino que planteaba que en la negociación del traspaso con el Estado se llegó hasta donde se podía llegar. Aun así, se ofreció a convocar la comisión bilateral, pero advirtiendo que el acuerdo alcanzado –el que él estuvo a punto de llevar al Constitucional- es “el mejor posible” y se consiguió después de tres años de duras negociaciones. El ministro fue incluso más lejos al advertir que es muy difícil que se puedan desbloquear las cuestiones que mantienen enfrentados al Gobierno central y al de Canarias, y pidió a este que si quiere una renegociación de las competencias adquiridas, renuncie previamente a ellas. Un cambio radical de posición entre lo que defendió como presidente y lo que defiende como ministro.
Y probablemente una provocación, en un momento complicado: dentro de muy poco comenzarán las negociaciones para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que deberían aprobarse en el primer trimestre de 2024. En ese contexto, un incumplimiento grave de la Agenda Canaria podría provocar situaciones a cara de perro, más cuando desde el Gobierno regional actual se plantea exactamente lo que se planteaba cuando Torres lo presidía.
El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha dejado claro que el Gobierno regional quiere renegociar cuanto antes la transferencia de Costas y acabar con una situación que es “insostenible”. El Gobierno señala a Torres como responsable de asumir un traspaso que supone la tutela del Estado a la gestión de las funciones y competencias que se recogen en el Estatuto. Si Sánchez no lo remedia, esta será la primera bronca entre el Gobierno regional y el PSOE. Quizá el regalo del REF, el Estatuto y la Agenda que hizo Cristina Valido a todos los miembros del Consejo de Ministros (que este 2024 cumple su segundo centenario) sirva para recordar a Sánchez que los compromisos hay que cumplirlos.
